El personal laboral del ayuntamiento de Alcantarilla puede respirar tranquilo, de momento, ya que el plan de viabilidad que el Consistorio va a presentar el próximo viernes no incluye el despido de ningún trabajador municipal. Así lo manifestó ayer la concejala de Hacienda y Personal, Nuria Guijarro, quien reconoció que «estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que no haya ni un solo despido entre los trabajadores de este Ayuntamiento».

Y la misión no es nada fácil, ya que Alcantarilla reconoció el pasado día 15 una deuda de 23,8 millones de euros, en base a la cual está obligada a elaborar un plan de viabilidad que permita a los proveedores del Consistorio acceder al plan Instituto de Crédito Oficial (ICO) puesto en marcha por el Gobierno central. Desde entonces, el nerviosismo se ha apoderado del centenar de trabajadores laborales del Consistorio, ya que la deuda es una de las más altas de la Región.

Los sindicatos solicitaron la convocatoria de la mesa general de negociación, y los partidos de la oposición han pedido encarecidamente una copia del plan de viabilidad que el Pleno municipal aprobará el próximo viernes, pero el hermetismo de la concejalía de Hacienda y Personal ha sido absoluto, hasta que su titular lo rompió adelantando que no habrá ningún despido.

Podría aumentar

El ayuntamiento de Alcantarilla reconoció el pasado día 15 una deuda de 23,8 millones de euros. Sin embargo,durante la última semana han sido muchos los empresarios que se han apresurado a cumplimentar el certificado de reconocimiento de la existencia de obligaciones pendientes de pago a cargo de las entidades locales.

Este documento fue publicado un día después en el Boletín Oficial del Estado para dar salida a lo que el ministro Montoro denominó «facturas en el cajón», es decir, aquellas presentadas por los proveedores pero no reconocidas por el Ayuntamiento inicialmente para adelgazar la deuda real.

El Consistorio alcantarillero tiene ahora 15 días para responder negativamente; de lo contrario, el Ministerio aceptará las facturas como válidas y procederá a actualizar la deuda municipal, que podría dispararse hasta los 30 millones de euros, ya que muchos proveedores están reclamando facturas por un importe que duplica al reconocido inicialmente, según ha podido saber este periódico.