El alcalde de Fortuna, Matías Carrillo, del PP, ha dicho hoy durante el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Murcia por un presunto delito electoral, que "jamás participó en la compra de votos a cambio de trabajo en el Ayuntamiento" con motivo de las elecciones municipales del año 2003.
Carrillo, al que se juzga junto a la que fuera concejal de Empleo, María Dolores S.G., y al ex concejal de Economía y Hacienda, José Antonio L.E., ha añadido que "nunca participó en la solicitud del voto por correo por medios espurios" ni pidió un voto "a cambio de algo".
El alcalde, que ha sido reelegido en las pasadas elecciones municipales, ha señalado que las competencias de empleo las tenía delegadas María Dolores S.G., y que él se limitaba a firmar los contratos de trabajo municipales después de que de la tramitación de los mismos se hubiera ocupado una asesoría ajena al Ayuntamiento.
Ha señalado también que si en los presupuestos de 2002, unos meses antes de las elecciones municipales de 2003, se aprobó una partida presupuestaria para la contratación eventual, que suponía un incremento de 111.000 euros, "fue en previsión de la posible transformación del personal laboral eventual en fijo, como habían solicitado los sindicatos".
Carrillo ha calificado de "normales" las modificaciones de partidas presupuestarias a lo largo del ejercicio, "porque hay que ir atendiendo las necesidades que se van presentando".
Asimismo ha comentado que "en el año 1995, cuando el Ayuntamiento estaba gobernado por IU, el aumento fue del doble".
Otro de los acusados, José Antonio L.E., ha negado igualmente que tuviera participación alguna en la tramitación del voto por correo y en ofrecer puestos de trabajo en el Ayuntamiento.
Por su parte, la ex concejal María Dolores S.G. ha declarado a la Sala que en estas actividades "participaron todos los integrantes de la lista municipal, incluido el alcalde", y que ella no lo hizo porque no le parecían correctas, lo que motivó que fuese marginada en la actividad municipal y que fuera cesada de todos sus cargos en marzo de 2007.
Ha explicado igualmente que si el voto por correo se elevó en las elecciones de 2003 a 455 votantes, cuando en la anterior convocatoria había sido de sólo cien "fue debido al ofrecimiento de trabajo municipal que se había hecho".
La vista oral continuará mañana con la declaración de varios testigos y está previsto que se prolongue a lo largo de toda la semana.
El fiscal pide para cada uno de los tres acusados doce fines de semana de arresto, multa de seis meses con una cuota diaria de seis euros e inhabilitación para el cargo de concejal durante cinco años.
Por su parte, la acusación particular, que ejercita IU, acusa por delito electoral, prevaricación y malversación de caudales públicos.
