La Policía Nacional de Cartagena ha detenido a ocho personas y ha desmantelado una empresa ficticia, denominada Tauromanía S.L., con sede en la localidad de Lo Pagán, en el municipio de San Pedro del Pinatar, que facilitaba contratos y nóminas falsas a ciudadanos extranjeros con el objetivo de que tuvieran derecho a la percepción de prestaciones sociales públicas y a la renovación de permisos de residencia.
Entre los detenidos se encuentra el responsable de la supuesta empresa, un ciudadano de origen marroquí, que ha ingresado en prisión por orden judicial, según informó ayer un portavoz de la comisaría de Cartagena.
La Policía ha contado con la unidad especializada de Seguridad Social de la Inspección de Trabajo para llevar a cabo esta operación. La empresa desmantelada había dado de alta a 360 trabajadores de forma ficticia, de los que 49 utilizaron los papeles falsos que les proporcionaron para completar el tiempo de cotización y acceder al desempleo.
Además casi un centenar de trabajadores utilizaron los contratos fraudulentos para regularizar su situación en España.
La compañía no había realizado ninguna declaración trimestral de IVA, desde su constitución en el año 2005, ha generado más de 123.000 euros en deuda por cotización empresarial. Asimismo, ha defraudado al Estado unos 213.000 euros, al tiempo que ha evitado la defraudación de unos 335.000 euros más de los ya acumulados.
Los trabajadores de esta empresa abonaban al falso empresario una cantidad que oscilaban desde los 300 euros hasta los 1.500 euros, según el tipo de trámite requerido y, dado el alcance del fraude, la Policía cree que es probable que se produzcan numerosas detenciones más, hasta lograr el total esclarecimiento de los hechos.
Como dato destacable de la investigación, la Policía ha remarcado que tuvo conocimiento del arrendamiento que hizo el empresario de una pequeña finca de unos 2.250 metros cuadrados, en la que tenía camuflado la ficticia actividad de 262 trabajadores del sector agrícola.
La Policía ha dado cuenta de estos hechos a la Oficina de Extranjería, que depende de la delegación del Gobierno en Murcia, a fin de estudiar los efectos que tuviera sobre los permisos de residencia obtenidos o renovados ilícitamente.
Para poder optimizar las investigaciones que se estaban llevando a cabo por parte de los agentes, la Policía considera «fundamental» la colaboración de la Unidad Especializada de Seguridad Social de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Murcia, logrando determinar el alcance de la ilícita actividad de esta empresa.
