Los agentes de la Guardia Civil de Lorca están precintando las máquinas expendedoras de tabaco en los establecimientos públicos de la ciudad y de las pedanías que carecen de la autorización preceptiva para ello. Los agentes también controlan que el propietario del local disponga del mando que evita que los menores de edad tengan acceso a la máquina expendedora. La situación está generando malestar en muchos

empresarios de la hostelería que consideran que no es la forma ni el momento para llevar a cabo este tipo de actuaciones.

Algunos de los afectados se excusan en el desconocimiento de la normativa para justificar la ilegalidad de sus máquinas. Para obtener la autorización para la venta de tabaco con recargo hay que presentar un documento al Comisionado para el Mercado de Tabacos. El alta o renovación de este impuesto cuesta 211 euros y tiene validez para tres años. La medida se contempla en la Ley 28/2005 sobre medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, suministro, consumo y publicidad del tabaco. Los empresarios están molestos porque «una máquina de las precintadas con el tabaco de su interior cuesta unos 3.000 euros, una inversión que queda inmovilizada hasta que se resuelvan los trámites administrativos».

Por su parte, el presidente de la Asociación de Hosteleros de Lorca, Juan Carlos Ayala, dice que «las leyes están para cumplirlas», pero cree que la actuación que se está llevando a cabo respecto a la revisión de máquinas es inoportuna, «teniendo en cuenta que a principios del próximo año entrará en vigor una ley que prohibe fumar en los espacios públicos».

Ayala considera que «a inicios del 2011 hubiera sido la ocasión idónea para precintar las máquinas, pero así exprimen al hostelero».