La empresa municipal de limpieza de Lorca (Limusa), sobre la que un juzgado investiga una presunta trama de corrupción mientras fue director de la misma Francisco Gil Eguino, ha remitido al Juzgado de lo Social que lleva el caso de su despido facturas por importe de 74.805 euros, cuyo concepto son comidas efectuadas en distintos restaurantes de toda España entre los años 2003 a 2007 durante los fines de semana y festivos, según confirmó ayer el alcalde, Francisco Jódar.
Se da la circunstancia de que solo durante los cinco primeros meses de 2007, víspera de las elecciones municipales que se celebraron ese año, se registraron facturas por valor de 25.500 euros en concepto de comidas, que recibieron el visto bueno de la auditoría que encargó en nuevo equipo de Gobierno del Partido Popular nada más tomar posesión en el Ayuntamiento.
Este fue uno de los asuntos que se trataron ayer en el transcurso de la reunión que mantuvo la Comisión de Investigación del caso Limusa, creada en su día para depurar posibles responsabilidades políticas por la presunta trama de corrupción.
Además, la comisión tuvo conocimiento ayer de las 53 facturas cargadas a la empresa municipal de limpieza por conceptos que nada tienen que ver con ella, realizados mientras fue director de la misma Francisco Gil Eguino y por importe también de varios miles de euros.
Sorprendente fue asimismo el anuncio realizado por el alcalde, Francisco Jódar, quien señaló que un informe pericial ha desvelado que la autorización que aparecía firmada y rubricada en 2001 y 2003 para que Gil Egino pudiera utilizar los ordenadores de la empresa para sus negocios privados no se realizó en esas fechas sino el 1 de junio de 2007, a los pocos días de perder las elecciones los socialistas en Lorca. Los ex concejales del PSOE Jesús Molina y Bartolomé Soler -ambos imputados en este caso- firmaron esta autorización.
Además, el alcalde desveló asimismo algunos requerimientos del titular del juzgado número 4 de Lorca, Sergio Romero, que lleva la instrucción del caso.
En este sentido dijo que "ha ordenado que se envíe un testimonio de todo lo que aparece en las diligencias previas referente a Bartolomé Soler al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para que continúen las diligencias con respecto al personal aforado. También ha pedido al fiscal que se pronuncie sobre los escritos contradictorios que hay sobre los indicios o no de responsabilidad penal de José Antonio Pujante y le pide al Ministerio Fiscal que aclare si considera que debe archivar lo relativo a él o considera que debe continuar la instrucción".
El juez pide además al fiscal que se pronuncie sobre la posibilidad de efectuar dos bloques. Uno en lo referente a indicios de delito que puedan perjudicar a la administración municipal dentro del entramado de Limusa y otro bloque con los presuntos delitos contra la hacienda pública por el entramado de empresas que llevaba Gil Eguino.
Por su parte el concejal de Izquierda Unida Pedro Sosa pidió que comparezcan en la comisión los responsables políticos, alcaldes, concejales o consejeros delegados durante la etapa en la que Gil Eguino fue director de la empresa municipal.
El alcalde pidió que la propuesta la hiciera por escrito y, una vez realizado dicho requisito, se procederá a la votación entre los miembros de la comisión sobre si se acepta o no la petición. Jódar dice que "no están obligados a venir" aunque señaló que "tienen obligación política y ética de hacerlo".
