El presidente de la Asociación de Comerciantes de Los Alcázares (ACLA), José Manuel Nicolás Martínez, se reunió ayer con el concejal de Comercio, Manolo Sevilla, y la alcaldesa del municipio, Encarnación Gil, para intentar poner solución a la polémica surgida por parte de los comerciantes sobre la actuación policial en bares del municipio.

Por una parte, el presidente de la ACLA declaró que "la alcaldesa se ha comprometido a parar esta situación y que, en el hipotético caso de que las denuncias realizadas a los comerciantes no se correspondan con la realidad, intentaría paralizarlas. Me siento satisfecho, al mismo tiempo que convencido, de que la regidora del ayuntamiento de Los Alcázares logrará solucionar la situación que estamos viviendo".

Por otra parte, se ha anunciado que en el próximo pleno se va a proponer la modificación de la Ordenanza Reguladora de las medidas de prevención, asistencia y control en materia de venta, dispensación y consumo de bebidas alcohólicas en espacios y vías públicas, que, al parecer, es el origen del conflicto. El edil de Comercio, Manuel Sevilla, explicó que "esta ordenanza nació para hacer frente a lo que comúnmente denominamos 'botellón', y no para los locales de hostelería, tal y como se está aplicando ahora. La ordenanza no se está interpretando con el fin para el que nació, ya que algunos puntos dan lugar a varias interpretaciones".

Para evitar malas interpretaciones, se clarificará el objeto de la ordenanza, dado que todos los establecimientos de hostelería, en sus epígrafes fiscales, disponen de autorización para vender bebidas alcohólicas.

Durante el encuentro, la alcaldesa, Encarnación Gil, emplazó a los comerciantes a una reunión que tendrá lugar mañana viernes, a las cuatro de la tarde, en la Casa Consistorial, a la que podrán acudir todos aquellos comerciantes que estos días se han visto afectados por la actuación policial. Ésta ha dado lugar durante las últimas semanas a un elevado número de quejas al Ayuntamiento por parte de los propietarios de varios establecimientos comerciales, por considerar injusta o abusiva su actuación al realizar inspecciones.