Los cinco bares de La Curva de Lo Pagán que dan al paseo marítimo tienen los días contados. El alcalde de San Pedro del Pinatar, José María García, explicó ayer en rueda de prensa que la situación de éstos siempre ha sido ilegal desde su apertura en 1992, puesto que están situados en zona verde.

Sostuvo García que, durante el mandato del anterior alcalde, se aprobó en un pleno de 2001 un convenio por el cual los bares de copas podrían permanecer allí durante quince años, pasados los cuales deberían ser cedidos al Ayuntamiento, y los propietarios buscarían otra zona para desarrollar su actividad. García declaró que dicho convenio "es una pantomima para dar legalidad a algo ilegal y quedó invalidado tras la actuación de la Comunidad Autónoma". Y es que el acuerdo estaba supeditado a un respaldo por parte de la Comunidad para cambiar el tipo de uso del suelo y que pasara de zona verde a zona lúdica. La Comunidad Autónoma nunca se pronunció ante el escrito que el Consistorio le envió en 2005 pidiendo este cambio.

En diciembre del pasado año se abrió un expediente de cierre que tiene fecha de caducidad en junio. "Ahora mismo está en fase de alegaciones y, si finalmente no se acepta ninguna alegación, procederemos al cierre definitivo de estos cinco locales. Esto es así y solamente un juez podrá parar esta resolución", aseveró el alcalde. García quiere solucionar este problema instalando en Los Sáez una zona de ocio de unos diez mil metros cuadrados, donde podrán convivir el ocio diurno y el nocturno. También anunció que los jóvenes dispondrán de un buhobús los viernes y los sábados, que les facilitará acudir a este lugar para divertirse sin tener que coger el coche. Esta zona se sacará a concurso en unos dos meses, cuando el Ayuntamiento haya elaborado las bases y requisitos para asentarse allí.

El alcalde respalda la ilegalidad de los bares por tres motivos: el primero es que la Ley de Costas prohíbe el cambio de uso; el segundo, que el informe del técnico municipal es desfavorable, y el tercero, que se trata de una zona verde. "No me gustaría pasar a la historia como el alcalde que cerró los bares, sólo me muevo con lo que marca la ley", aseguró.

Ahora todo queda en manos de la Comunidad Autónoma. La pasada semana, el Ayuntamiento le remitió el mismo escrito que en 2005, para que conteste en un plazo máximo de un mes. Josechu Ortega, propietario de Bastilla, explicó que "nosotros no queríamos que otra vez enviaran el mismo escrito a la Comunidad; nunca nos concederán el cambio de uso del suelo. Lo que queremos que se pida es el cambio temporal: cuando firmamos el convenio lo hicimos para 15 años, y ahora estamos en la mitad, sólo han pasado ocho y queremos que se cumpla lo que en su día firmamos, aunque el alcalde dice que no piden el cambio temporal porque su partido lo negó hace años, y esto da que pensar. Consideramos el silencio de la Comunidad Autónoma como un silencio administrativo positivo, espero que pronto tengamos alguna noticia de ellos", explicó.