La Junta de Gobierno Local aprobó inicialmente el Programa de Actuación del Plan Parcial Trianamar, que afecta a 50 hectáreas (459.860 metros cuadrados) en Bolnuevo, en las que se incluyen la zona protegida de los monolitos o gredas de Bolnuevo, que quedarán enclavadas en una zona ajardinada. El expediente ha sido presentado por Ángel Gil Sevillano, en nombre y representación de Summa Inversiones Inmobiliarias, S.A., y este plan permitirá la construcción de aproximadamente mil viviendas en este enclave costero.

El proyecto urbanístico se inició hace 17 años y se aprobó por la consejería de Política Territorial en 1987. La futura urbanización se enclava en la loma de terreno inculto y pastos, anterior a Puntavela, hasta la carretera y en primera línea de playa frente a la playa de Bolnuevo.

Según el alcalde, Francisco Blaya, la demora no se ha debido a ninguna actuación del Ayuntamiento, sino a la falta de acuerdo entre los numerosos propietarios.

Varios colectivos han presentado alegaciones al Programa de Actuación Urbanística de Trianamar, como el grupo municipal socialista, la portavoz del grupo socialista, Francisca Ureña, el profesor titular de Derecho Administrativo de Murcia, Antonio Gutiérrez Llamas, Ecologistas en Acción, el Foro Ciudadano de Mazarrón pro Defensa del Litoral e incluso alegaciones de la empresa original Trianamar, quienes solicitan que no se apruebe el plan de actuación urbanística.

Las alegaciones se refieren al escaso plazo fijado para las alegaciones, la proximidad de la futura zona urbanizable a la sierra de Las Moreras, que forma parte de la Red Natura 2000, la entrada en vigor de nuevas normas de protección y limitaciones que afectan a este plan parcial que fue aprobado en 1987 y que desde entonces no se ha ejecutado, etc. La sierra de la Moreras está declarado Lugar de Interés comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y allí se desarrolla el proyecto LIFE para la conservación del águila perdicera.

El profesor Gutiérrez Llamas, denomina al PAU "mayúsculo dislate urbanístico", operación "redonda", donde se proyectan mil viviendas (entre colectivas, adosadas y unifamiliares) con intereses mercantiles especulativos, proyecto "ilegal y gravemente dañoso para el interés general y futuras generaciones", en un artículo publicado en la revista local 'Litoral Sur'.

El concejal de IU, Miguel Silva, mantiene que el plazo de ejecución del PAU caducó, y que la nueva Ley del Suelo de la Región de Murcia obliga a un estudio de impacto ambiental. "No se pueden construir casas al lado un espacio protegido, sin más", afirma.