El viernes pasado, Miloon Kothari, asesor especial de la ONU, finalizó una estancia de doce días en España para elaborar un informe sobre la especulación urbanística en nuestro país. En su informe, este representante del Comisionado para los Derechos Humanos saca unas conclusiones demoledoras. La corrupción, las prácticas carentes de la mínima ética pública, las subidas galopantes en los precios de la vivienda que hacen repercutir sobre los sufridos ciudadanos los costes y los beneficios de constructores, promotores y especuladores, todo esto es moneda común en ese boyante sector de la economía española.

Hace también unos días, Anxel Vence, buen amigo y colega de columnas en El Faro de Vigo, diario hermano del que tienen en sus manos, criticaba que el Gobierno gallego reclamara para sí, arrebatándoselas a los ayuntamientos, las competencias en la extinción de incendios. Razonaba Vence que son los alcaldes los que están más cerca de los vecinos y los que cada cuatro años se plebiscitan ante ellos de la gestión que realizan. Por lo mismo, han de ser los primeros interesados en que las cosas funcionen razonablemente bien.

En cuestiones de urbanismo se está reclamando lo mismo en toda España: que los Ayuntamientos dejen de tener competencias en tan delicada materia. Podríamos aplicar el mismo razonamiento que a los municipios gallegos y, sin embargo, no lo hacemos. ¿Por qué se sigue votando a alcaldes que tienen la desfachatez de desplazarse en un Rolls-Royce perteneciente a un promotor? ¿Por qué se sigue manteniendo al frente de un Ayuntamiento a una formación política que tiene ediles que son a la vez promotores inmobiliarios y uno de ellos precisamente al frente de la concejalía de Urbanismo? ¿Es que acaso no hay algo más que tufillo de connivencias en recalificaciones de terrenos y especulaciones de todo tipo por parte de responsables políticos? Y, sin embargo, se les sigue votando. Ocurre que los avispados ediles cuentan con la complicidad moral del pequeño propietario que sueña con que su bancal, tocado por la varita mágica recalificadora de los munícipes, multiplique sustancialmente, de repente, su valor. Al propietario de un pisito -y quién no lo es- tampoco le parece nada mal que ahora su vivienda haya multiplicado por dos o más su valor de mercado con relación al precio que tuvo que pagar por ella hace tan solo unos pocos años.

Es innegable que el auge de la construcción ha generado mucha riqueza en España y todavía puede generarla; riqueza que se ha distribuido de manera desigual pero que, hay que reconocerlo, ha beneficiado a mucha gente. También es obvio que no se puede dar un frenazo en seco a esa locomotora de nuestra economía si no queremos perjudicar su crecimiento. Hace unos pocos días, el ministro de Trabajo se vanagloriaba de que nuestras cifras de empleo han pasado a ser, por primera vez, semejantes a la media de la Unión Europea cuando hace bien poco estábamos a la cola en este indicador. Claro está que la construcción algo ha tenido que ver en ello.

Pero dicho esto, hay que poner las cosas en su sitio. El aldabonazo del Comisionado de la ONU no se puede pasar por alto. Con esta corrupción y con el urbanismo desenfrenado corremos un grave riesgo. España, y en particular el Levante español, es un lugar muy atractivo para que muchos ciudadanos europeos adquieran su segunda vivienda. Tenemos condiciones naturales: clima, mar, paisajes, proximidad. Y otras resultado de un trabajo bien hecho: estabilidad económica, desarrollo social y cultural, razonable seguridad ciudadana, sanidad eficiente, abundancia de bienes de consumo disponibles, etcétera. Pero la gallina de los huevos de oro se nos puede morir. Nadie va a venir a vivir a un lugar devaluado, con servicios deficientes, mal comunicado, inhóspito y regido por reyezuelos corruptos de corte marbellí.

Es necesario que las instituciones que todavía no están corrompidas tomen cartas en el asunto. No se puede, por un liberalismo mal entendido, dejar que campen por sus respetos promotores de tan dudoso pedigrí como los que acaban de inundar la Gerencia de Urbanismo de Murcia solicitando licencia de obras casi el día antes de que entre en vigor una normativa que impone unas condiciones de construcción que mejoran la calidad de las casas del futuro. ¿Qué pensar de empresarios cómo esos, cuyo comportamiento ha sido criticado hasta por el poeta López Rejas? ¿Se va a permitir que empresarios que solo buscan el beneficio propio inmediato y políticos que, independientemente de lo que los moviese cuando accedieron a la función pública, se han vendido a aquellos arrasen nuestros pueblos y ciudades de forma que pierdan su valor? ¿Y todo por el sueño de un terreno recalificado o una vivienda revalorizada?

Blog de Bernar Freiría en www.bernarfreiria.com