El fin de la sanidad española comenzó el mismo día en que se transfirió su gestión a las comunidades autónomas. Como ha ocurrido -¡y lo que hemos de ver!- con la educación, las policías, el cuidado de los bosques, las costas, los impuestos, el urbanismo desquiciado o las competencias sobre piscinas (amarga queja que me encontré hace años de una empresa ¡catalana! que argüía las enormes diferencias legales que limitaban sus posibilidades de expansión), la selva de las legislaciones y las diferencias de riqueza han ido construyendo pequeños estados dispares, de burocracias insaciables e incapacidad extrema para tomar medidas necesarias aunque impopulares, que nos han conducido a la realidad de una nación cuarteada donde la igualdad de los ciudadanos es ya sólo un recuerdo del sueño liberal.
Vienen diecisiete sanidades nacionales porque nunca se debió consentir que unas ofrecieran y gastaran más que otras a la espera de que el Estado, o sea, la Nación toda, pagara los caprichos de unas castas lanzadas hacia el objetivo combinado de acabar con España y perpetuarse en las nuevas corralas. Y, lo que es más grave, también la eficiencia del sistema viene dividida por diecisiete: de la misma manera que arden los bosques, hasta de risa, viendo nuestra incompetencia y desunión, tendremos que resignarnos a morir autonómicamente.
Antes podíamos acudir a Madrid, al San Pablo de Barcelona, a La Fe de Valencia, a Carlos Haya de Málaga, sin más requisito que nuestra cartilla de la Seguridad Social. Con las dificultades organizativas que se quiera, pero la completa Sanidad española, pagada por todos, estaba igualmente al servicio de todos. En ningún hospital aparecías muriéndote y te mandaban a tu autonomía, como hace unos meses hicieron en un hospital vasco con un ciudadano cántabro para vergüenza de todos por haber aceptado la normalidad de un suceso tan bochornoso. Hoy ya no puedes acudir a ningún sitio sin cartilla de desplazado, con lo que entonces te quedas sin asistencia en tu región de origen. Hemos multiplicado el papeleo y los burócratas hasta extremos inconcebibles. Y que no te pase nada si das con médicos o personal sanitario que se niegan a hablarte en español. Sólo si eres extranjero pobre o extranjero rico tienes todos los derechos en todas partes.
Alguien, alguna vez, tendrá que poner coto no sólo a que algunos inmigrantes bajen del avión para dirigirse directamente a nuestros hospitales a hacerse un completo, y los reembolse a su país; sino a que ingleses y nórdicos hayan descubierto que la sanidad española es la mejor de Europa y para ellos no tiene autonomías, y hasta que los medicamentos para los jubilados son gratis (cuentan quienes lo saben que van cargados de aquí para las temporadas que pasan en sus países), con lo que se vienen también en tropel incluso exigiendo traductor, no se vayan a molestar en aprender español. En fin, que estamos negándonos a nosotros lo que damos a los de fuera. Venceríamos siempre en un concurso de tontos.
Ahora, claro, ya no hay otra solución que la de que cada estaducho autonómico haga frente a sus responsabilidades. O se recupera una sanidad nacional y, entonces sí, pagamos las púas entre todos los españoles, pero volvemos a beneficiarnos de un sistema común; o, desde luego, la deuda catalana, que remunera a sus médicos más que nadie, que ha empleado mucha pasta en 'normalización lingüística' también en la sanidad, que ha dotado a sus hospitales de los más modernos instrumentales y medios, que ha puesto en marcha programas de investigación ambiciosísimos con el prurito de ser, en efecto, un Estado alternativo a España, que se la paguen ellos. Que se suban los tripartitos la gasolina, la luz o la punta del capullo. Lo que quieran, pero ni un duro del sur para la sanidad del que dijo "ni una gota de agua para el sur". Vaselina para todos, caballeros.
Así pues, nada de subir los impuestos para amortizar unas inversiones de las que nada hemos obtenido. ¡Menudo socialismo, subirle la luz a la gente para hacer frente a los desmanes de Pujol, la caradura de Maragall, los peajes de Carod o las facturas que preparan el BNG y el PNV para que 'Zapatustra' pueda seguir soltando embustes!
Lo que tiene que hacer el gobierno es actualizar el sistema vigente adecuándolo a los nuevos censos de población y pagando por ellos, aportar lo necesario para la atención de las 800.000 personas que ha legalizado en el último año, prever el incremento que supondrá la cláusula de arraigo con la que sigue atrayendo a los desheredados de todo el mundo, según denunciaba recientemente un portavoz de los sindicatos policiales, desbordados e impotentes; y establecer convenios con los países comunitarios de los que proceden los cientos de miles de golfistas ricos para que paguen un servicio por el que nunca cotizaron.
Y plantearse, muy seriamente, y esa sí que sería una política progresista, que si queremos que las enfermedades de verdad sean atendidas con rapidez, las mejores tecnologías y gratuitamente, quizás sea la hora de empezar a parar la descomposición de un sistema que sólo cesará cuando los usuarios lo paguen no de forma indirecta -eso que siempre se criticó tanto desde la izquierda-, sino directa, aunque sea de forma simbólica.
Pero, sin duda, la medida más justa sería la de descontar la deuda del sueldo de los políticos que se lo gastaron. Ya son tantos... Barro en las elecciones si lo propongo.
