El ultimátum se estableció para "investigar hechos informados por la prensa sobre eventuales abusos de poder cometidos por la policía" durante la represión a la violencia generada por los integrantes de la mafia carcelaria Primer Comando de la Capital, según la resolución emitida por la Procuraduría.
La ofensiva criminal se atribuyó a una represalia de la mafia por el traslado un día antes de 765 presos, entre ellos sus principales cabecillas, a cárceles de máxima seguridad.
En una reacción a los cerca de 300 ataques hechos la semana pasada por miembros de ese grupo, que dejaron 41 policías muertos en Sao Paulo, las autoridades lanzaron una contraofensiva que, según cifras oficiales, dejó 109 presuntos delincuentes muertos en supuestos enfrentamientos y otros 125 arrestados.
Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) piden desde la semana pasada la divulgación de los nombres de los muertos, ante la sospecha de que la policía ejecutó a varios inocentes.
Sin embargo, las autoridades de Sao Paulo se han negado a divulgar la lista de muertos, sus supuestos nexos con organizaciones criminales y los resultados de los exámenes forenses, pese a las denuncias de que algunas personas inocentes fueron ejecutadas a balazos a quemarropa o en la nuca.
Ante el aumento del número de denuncias, la Procuraduría exigió hoy que la policía presente, en un plazo de tres días, la lista de delincuentes abatidos y que entregue en un plazo de cinco días copia de todos los boletines elaborados por los uniformados sobre las circunstancias en que ocurrieron los enfrentamientos y las muertes.
También, dio un plazo de cinco días para que el Instituto Médico Legal entregue copias de los resultados de todas las autopsias practicadas por los forenses a los cadáveres.
