Lula reduce su ventaja en las encuestas por un caso de tráfico de influencias que salpica a su hijo

Todo parece ser una cuestión filial en las elecciones presidenciales brasileñas. De una manera u otra, el resultado de los comicios del 8 de octubre estará determinado por lo que suceda con los hijos de Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Solo uno de ellos es candidato, Fávio, el primogénito del ultraderechista. Si mejoran sus opciones será fundamentalmente debido al eco mediático de las andanzas de Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha. Un informe de la Policía Federal (PF) filtrado por la prensa lo relaciona con una red que favorecía contratos con el Estado. El organismo habla de una "sociedad oculta" en negocios relacionados con el cannabis medicinal que intentaron ser vendidos al Ministerio de Salud. Las conductas atribuidas a "Lulinha" y sus socios "sobrepasan significativamente los límites éticos y legales inherentes a esa actividad" porque tienen el propósito de "facilitar la obtención de contratos públicos, promover modificaciones legislativas en beneficio de intereses privados específicos y realizar pagos a funcionarios públicos que ocupan cargos de alto rango". En la noche del viernes, la consultora Datafolha informó sobre el impacto en los brasileños de las últimas noticias: Lula tiene una intención de voto del 39 % en la primera vuelta, contra 33% de Bolsonaro. En la medición anterior la distancia era de diez puntos. En un eventual segundo turno el presidente obtendría el 47 % de las adhesiones, cuatro puntos más que su oponente.

El caso que ocupa la primera plana de los diarios también involucra al exjefe de gabinete de Lula, Marco Aurélio Ribeiro, apodado 'Marcola', quien, junto con Lulinha mantenían vínculos con una lobbista, Roberta Luchsinger, con acceso además al Instituto Nacional del Seguro Social (INSS). Lula ha asegurado que, si bien cree en la inocencia de su hijo, este deberá demostrarla en el proceso. "Si es culpable, pagará". Palabras precavidas y a la vez amargas para alguien que acaba de iniciar formalmente su campaña proselitista. El camino hacia la reelección ha intentado pavimentarse con la promesa de una continuidad de las políticas que sacaron de la pobreza a millones de brasileños y, también, a caballo de un discurso nacionalista que apunta contra los intentos de Estados Unidos de intervenir en las elecciones para favorecer a Bolsonaro.

Una semana atrás, su ventaja respecto del candidato del Partido Liberal era tranquilizadora. Esa diferencia se había ensanchado a partir de junio debido a un escándalo que involucra al hijo del expresidente preso por haber liderado un intento de golpe de Estado en enero de 2023. Flávio quedó asociado con Daniel Vorcaro, cuyo Banco Master, en proceso de liquidación, ha protagonizado uno de los fraudes financieros más importantes de la historia brasileña, por más de 10.000 millones de dólares. Sus aspiraciones de competir en nombre del padre fueron puestas en entredicho cuando Intercept Brasil divulgó un audio en el que el abanderado de la ultraderecha le solicita al financiero que complete el dinero necesario para la realización de un documental apologético sobre el expresidente.

La reacción del ultraderechista

Pero en las últimas horas Flávio se permitió hasta una sobreactuada indignación al comentar las posibles implicaciones de Lulinha en una investigación judicial. El senador ha divulgado además un vídeo en el que llama al hijo del actual mandatario "sospechoso de haber robado millones" al INSS, encargado de pagar a los pensionistas. "El robo a los adultos mayores no puede quedar impune". Más allá de su arrebato ético, Bolsonaro no ha encontrado la manera de evitar preguntas sobre su relación con el banquero malversador Vorcaro. Tampoco pudo aclarar por qué llegó a llamarlo "mi hermano", como pudo comprobarse a través de un audio de divulgación pública en el que además le exige dinero para completar la película hagiográfica sobre su padre. El candidato ultra tiene además un historial marcado por las denuncias de apropiación de fondos de su oficina parlamentaria y sus fluidos contactos con parapoliciales de Río de Janeiro, conocidos como "milicianos".

El diario paulista Folha recordó el pasado viernes que, en diferentes momentos de la contienda, tanto el jefe de Estado como Bolsonaro Jr. consideraron una buena estrategia explotar el tema de la corrupción para desgastar al rival. "En esta primera semana de campaña oficial, sin embargo, los dos principales candidatos a la presidencia tienen más que explicar que acusar en este ámbito". La publicación reconoce en el 'caso Lulinha' que, debido a la "naturaleza opaca de las filtraciones" del informe de la PF, es prematuro atribuir culpas. "Pero el tiempo en la política es diferente. Lula declaró públicamente que su hijo debe ser investigado como cualquier ciudadano y apartó a Marcola de la campaña". Sin embargo, la necesidad de dar cuenta de un caso que afecta a la familia y al entorno presidencial le quitó al Partido de los Trabajadores "la posibilidad —incierta desde el principio— de utilizar el discurso de la moralidad contra Flávio".

El papel del Tribunal Supremo

Por el momento, es el tema de la seguridad urbana el que más preocupa al electorado brasileño. El diario carioca O Globo señaló no obstante que el caso de Lulinha puede llegar a perseguir como una sombra a su padre. "Las encuestas cualitativas, en las que grupos de votantes conversan en mayor profundidad con moderadores, muestran que ya se ha incorporado a la agenda —y es el causante del daño". Hasta días atrás, Lula pensaba en cómo contrarrestar las posibles acciones de Washington. Ahora uno de sus frentes de conflicto es familiar. En una de las tantas ironías políticas de la actualidad, en los próximos días se sabrá si el Tribunal Supremo Federal (STF) toma cartas en la investigación por tráfico de influencias o el episodio queda en un juzgado de primera instancia. Uno de los jueces de la principal instancia judicial que debe decidir el curso de la causa es nada menos que Flávio Dino. En septiembre de 2025 votó a favor de condenar a 27 años de prisión a Jair Bolsonaro.

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