Centros de deportación y expulsiones a terceros países: los Veintisiete dan un paso más para externalizar sus fronteras

Los ministros del Interior de la Unión Europea (UE) han dado un paso más este lunes hacia la externalización de las fronteras comunitarias al respaldar varias propuestas que legalizarán el establecimiento de centros fuera de Europa para la deportación de personas migrantes que hayan llegado de manera irregular, abriendo la puerta a expulsar también a solicitantes de asilo. 

A menudo, los Veintisiete difieren en su manera de abordar el fenómeno migratorio. Pero si en algo están de acuerdo es en su voluntad de acelerar la deportación de personas que hayan llegado de manera irregular a su territorio. Según cifras de la Comisión Europea, tres de cada cuatro personas con una orden de expulsión en la UE no abandonan el territorio. 

Para Rasmus Stoklund, ministro de Inmigración e Integración de Dinamarca, el sistema actual es simplemente "disfuncional". Esto es lo que Bruselas intenta solucionar con la nueva legislación, complementando el pacto migratorio que entrará en vigor el próximo año. Este lunes los gobiernos han pactado su postura al respecto. Ahora, deberán negociar el texto final con el Parlamento Europeo. 

Para Stoklund, estas medidas son "decisivas para resolver los problemas que enfrenta nuestro continente". Mientras que el comisario para Interior y Migración, Magnus Brunner, ha asegurado que "estas reformas ponen orden en la Casa Europea, y son la base para tener una política migratoria en interés de los europeos".

Centros fuera de la UE

Por un lado, los gobiernos han dado su apoyo a la legislación que la Comisión presentó el pasado mes de marzo y que aspira a agilizar y acelerar las expulsiones de personas que no tengan derecho a protección internacional ni permiso de residencia en Europa. Esto permitirá detenciones más largas, y consecuencias legales para quienes ignoren la orden de expulsión. 

Los gobiernos han endurecido la propuesta con respecto a la de la Comisión abriendo la puerta a penas de prisión. Aunque la parte más polémica es la creación de centros de deportación fuera del territorio comunitario. En la práctica, los gobiernos que lo deseen podrán cerrar acuerdos con países fuera del bloque y externalizar la gestión de las expulsiones de las personas que reciban una orden de abandonar el territorio comunitario. 

España ha votado en contra de esta legislación. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado a su llegada que existen "serias dudas jurídicas, políticas y económicas" sobre estos centros. Marlaska ha advertido, además, del potencial impacto negativo en las relaciones con los países en cuestión. Mientras que el danés considera que estas medidas pueden "contribuir a disuadir la migración irregular y desalentar los movimientos secundarios no autorizados".

Expulsiones a países terceros

En paralelo, los Veintisiete también han acordado su postura sobre la definición de tercer país seguro. El nuevo texto se abre a ampliar los supuestos que permiten expulsar a una persona que ha solicitado asilo o protección internacional de cualquier tipo en la UE a otro país fuera del bloque para que la procese allí.

Con la nueva legislación, ya no será obligatorio que exista una conexión con el país en cuestión. Bastará, por ejemplo, con que la persona haya transitado por su territorio. También será suficiente con que exista un acuerdo que garantice que la solicitud va a ser examinada y se respetarán los derechos del solicitante. Sin embargo, estas normas no se aplicarán a los menores no acompañados. 

Por último, la nueva legislación en materia de asilo de la UE que se aprobó el pasado año permite aplicar un procedimiento acelerado a aquellos solicitantes que procedan de un país considerado como "seguro". Esto es aquellos donde se considere que hay una protección suficiente contra la persecución o las violaciones de los derechos humanos.

Una polémica lista

Los Veintisiete han respaldado la lista que incluye Colombia, Kosovo, la India, Bangladés, Egipto, Marruecos o Túnez. En un comunicado conjunto el pasado mes de julio, más de 50 ONGs criticaron duramente la lista advirtiendo de la persecución que ciertas minorías, activistas y oposición sufren en buena parte de estos países.

Uno de los criterios que la Comisión utilizó para hacer la lista es que menos del 20% de los nacionales que solicitan asilo en la UE ven su petición aceptada. "El hecho de que hasta un 20% de quienes solicitan protección internacional desde estos países sean reconocidos como refugiados indica que, de hecho, estos lugares no son seguros para todos", advirtieron organizaciones como Amnistía Internacional o el International Rescue Committee. 

Además, en su comunicado advirtieron de que la legislación europea era susceptible de violar el derecho internacional. "Cualquier persona que solicite protección en la UE debería ver su solicitud evaluada individualmente y según sus propios méritos, independientemente de dónde huya", aseguraron advirtiendo de los riesgos de un procedimiento acelerado. Para Brunner, sin embargo, es una manera "más humana" y "efectiva" de lidiar con las solicitudes.

Solidaridad o efectivo

Los Veintisiete han pactado también por primera vez el denominado 'fondo de solidaridad' en el marco del pacto migratorio. Es decir, cómo va a contribuir cada país a apoyar a los países que están sometidos a una mayor presión. Aunque cómo contribuye cada gobierno es confidencial, para 2026, esto se traducirá en la reubicación de 21.000 personas o una contribución total de 420 millones de euros en ayudas financieras.

La distribución se hace en base al análisis que la Comisión hace de las necesidades. En esta ocasión, Bruselas ha considerado que los países que requieren asistencia por estar sometidos a una importante presión migratoria son España, Italia, Grecia y Chipre. Otros, como Austria, Bulgaria, Croacia, República Checa, Estonia y Polonia, pueden solicitar contribuciones reducidas dada su situación.

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