Conflicto en el este de Europa
Una comisión de la ONU acusa a Rusia de crímenes de guerra y contra la humanidad por sus abusos sobre Ucrania
Los investigadores denuncian ataques indiscriminados sobre la población civil ucraniana, y traslados forzosos de civiles y de menores

Daños por un ataque ruso sobre Kiev, Ucrania / Patryk Jaracz/SOPA Images via ZU / DPA

En la noche del 19 al 20 de septiembre, una lluvia de proyectiles y drones disparados por las tropas rusas se precipitaron sobre las ciudades y el territorio ucraniano bajo control del Gobierno de Kiev, en uno de los ataques aéreos más intensos perpetrados por las fuerzas rusas desde el inicio de a invasión de Ucrania. En concreto, ocho misiles balísticos Iskander M/KN23, 32 proyectiles Kh-101 cerca de 600 drones Shahed y de señuelo, lanzados desde Kursk, Briansk, Oryol, o las regiones de Rostov, Shatalovo, Smolensk o Krasnodar, próximas a la frontera con Ucrania.
También a mediados de septiembre, un informe de la oenegé ucraniana Centro Regional para los Derechos Humanos informó que, desde principios de año, alrededor de 11.000 menores habían sido deportados desde la Ucrania bajo control de las fuerzas del Kremlin a campamentos situados en la Federación Rusa donde se imparte educación militar especializada.
Ambos crímenes de guerra -bombardeo deliberado de objetivos civiles y traslado forzoso de menores- son mencionados por Erik Mose, presidente de la Comisión de Investigación de la ONU sobre Ucrania, para denunciar, ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el "impacto devastador" que sigue teniendo para los civiles el conflicto de Ucrania. "Evitar la impunidad y juzgar a los responsables es clave para garantizar una paz sostenible", advirtió Mose. La comisión ha querido aclarar que no ha tenido acceso a la zona bajo ocupación rusa, con lo cual no ha podido verificar los daños causados por los ataques aéreos ucranianos y su impacto allí.
Mortandad en aumento
Las cifras hablan por sí mismas. En el presente ejercicio, la comisión de investigación ha constatado un incremento del 40% en la cifra de víctimas civiles provocada por el conflicto. Julio fue, de lejos, el mes más letal para la población civil ucraniana, con 286 fallecidos como consecuencia de los bombardeos aéreos rusos. En agosto, la cifra se redujo a dos centenares pero continúa siendo elevada en comparación con los años anteriores. Son bombardeos de largo alcance destinados a impactar en la infraestructura civil, con el ánimo de minar la moral ciudadana, pero también ataques de corto radio, contra infraestructuras de transportes y relacionadas con la atención médica, con el objetivo de "sembrar el terror" entre los civiles. Y es que en muchos casos se vale de las redes sociales para difundir mensajes en los que se anticipan ataques, llamando a la población a irse. "Las circunstancias de los ataques demuestran la intención de dañar, matar y destruir; hay lugares inhabitables", denunció.
El patrón de ataques rusos envía el mensaje a la población civil de que no hay lugar seguro en todo el país, estés o no cerca de la línea de frente. "Estés en un hospital o en una prisión, en casa o en el trabajo, cerca o lejos de la línea de frente, si tú está en Ucrania, estás en riesgo de resultar muerto o herido; el riesgo es significativamente más elevado que el año pasado y continúa incrementándose", denunció recientemente Danielle Bell, al frente de la Misión de Monitoreo de la ONU sobre los Derechos Humanos en Ucrania (HRMMU, por sus siglas en inglés). Hasta fecha reciente, dicha entidad ha certificado la muerte de alrededor de 13.884 civiles en los tres años y medio transcurridos tras la invasión de Ucrania, mientras que más de 35.548, incluidos 2.234 niños, han resultado heridos.
Los hallazgos de la HRMMU han servido de base para que la ONU haya alzado la voz en repetidas ocasiones para denunciar el traslado forzoso de menores de las regiones ocupadas por las tropas del Kremlin a territorio de la Federación Rusa. El pasado marzo, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU emitió un informe en el que se constata que "el traslado y la deportación forzosa de menores constituye una violación del derecho internacional humanitario", al tiempo que denunciaba que Rusia no estaba proporcionando "información acerca del paradero de los niños" ni permitía el acceso al "territorio ocupado".
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