Los Veintisiete cierran un acuerdo político para confiscar bienes del crimen organizado

La confiscación de bienes del crimen organizado, incluidos aquellos procedentes de la elusión de sanciones impuestas por la UE a terceros países, está desde este viernes un poco más cerca. Los ministros de justicia de la UE han cerrado este viernes un acuerdo político -que deberán negociar ahora con el Parlamento Europeo- sobre dos importantes reformas que establecen normas mínimas sobre la localización, identificación, embargo, decomiso y gestión de bienes de origen delictivo así como sobre la confiscación de bienes de aquellos que intentar eludir las sanciones europeas, tal y como propuso la Comisión Europea hace un año. 

La aplicación de las sanciones de la UE es responsabilidad de los Estados miembros. Esto hace que los tipos y niveles de las sanciones puedan variar porque los sistemas nacionales que se ocupan de la violación de las sanciones de la UE difieren significativamente. Además, en la actualidad, los Estados miembros no están obligados a penalizar las infracciones, por lo que pueden aplicar sanciones administrativas, mientras que las penas máximas oscilan entre 2 y 12 años de prisión. El objetivo de la nueva norma es endurecer la situación y limitar la elusión de las sanciones en todo el territorio comunitario. 

“Las sanciones son una herramienta crucial en el apoyo de la UE a Ucrania y su lucha contra la agresión ilegal rusa. Esta nueva ley facilitará la investigación, persecución y castigo del incumplimiento de las medidas sancionadoras en toda la UE”, ha explicado el ministro sueco de justicia Gunnar Strömmer sobre uno de los dos acuerdos políticos aprobados por los Veintisiete. La norma define las conductas que los Estados miembros deberán tipificar como delito, entre las que figuran ayudar a personas sujetas a medidas restrictivas de la Unión a eludir una prohibición de viajar de la UE, comerciar con mercancías sancionadas y realizar transacciones con Estados o entidades afectados por medidas restrictivas de la UE.

Además, la posición negociadora pide a los Estados miembros que garanticen que el incumplimiento de las sanciones de la UE se castigue con sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias que podrán variar en función del delito. Los Veintisiete tendrán que actualizar sus legislaciones nacionales para que las circunstancias agravantes -que el delito se cometa en el marco de una organización delictiva o por un funcionario público- se tengan en cuenta a la hora de determinar la pena.

139.000 millones anuales

El segundo gran paso político dado por los Veintisiete se refiere a la confiscación de bienes del crimen organizado que, según las estimaciones de la agencia europea de policía (Europol), ingresa cada año 139.000 millones de euros. “Privar a los delincuentes de estos beneficios ilícitos es esencial para desarticular las actividades de los grupos delictivos y evitar su infiltración en la economía legal”, alegan los Veintisiete. El acuerdo aboga por aplicar las reglas a una amplia gama de delitos, incluida la violación de las medidas restrictivas de la UE. Esto significa que “las personas que se lucren haciendo negocios con personas o empresas incluidas en las listas de sanciones de la UE verán sus rendimientos embargados del mismo modo que los traficantes de seres humanos o los cárteles de la droga”.

La nueva ley también impondrá a los Estados miembros la obligación de garantizar que las administraciones encargadas de localizar, congelar y gestionar el dinero procedente de actividades delictivas cuenten con personal cualificado y recursos financieros, técnicos y tecnológicos adecuados para perseguir el dinero de los delincuentes. Para ello, tendrán que mejorar el intercambio de información entre los organismos de recuperación de activos de los distintos Estados miembros que tendrán que tener acceso “inmediato y directo” a las bases de datos y registros nacionales.