Francia afronta una semana clave en la lucha por las pensiones en la calle y en la Asamblea Nacional

Una semana llena de obstáculos para Emmanuel Macron, tanto en la calle como en el Parlamento. El pulso por la reforma de las pensiones entre el Gobierno francés y un frente sindical revigorizado ha entrado en una fase decisiva. Tras las movilizaciones multitudinarias del 19 y el 31 de enero, los sindicatos organizan este martes la tercera huelga general en menos de 20 días. Confían en mantener la presión contra el aumento de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años (con 42 o 43 años cotizados para recibir una pensión completa), el día después de que la impopular medida empezara a ser debatida en la Asamblea Nacional.

Como ya sucedió en las dos anteriores movilizaciones, el tráfico ferroviario se verá "muy afectado", con más de un 50% de trenes de alta velocidad cancelados y un 30% de los regionales. En París, solo circularán con normalidad las dos líneas de metro robotizadas (de un total de 16). Un 20% de los vuelos han sido anulados en el aeropuerto parisino de Orly. 

El sindicato FSU-SNUipp, principal organización de la educación primaria, indicó que un 50% de los maestros harán huelga. Los trabajadores de las refinerías de Total, que ya habían impulsado una exitosa protesta en otoño que dejó sin combustible un tercio de las gasolineras, se ausentarán de su puesto de trabajo el martes y el miércoles. En el caso de la eléctrica EDF, impulsan un paro de tres días.

Debate crispado en el Parlamento

Estos datos apuntan a un seguimiento importante, aunque quizás decreciente, en sectores con una gran afiliación sindical en Francia, como los transportes, la educación y la energía. Como ya sucedió con las huelgas del 19 y el 31, las miradas estarán puestas sobre todo en las manifestaciones. Con 1,27 millones de personas en la calle, según la policía, los datos de manifestantes de la semana pasada resultaron superiores a los de otras históricas movilizaciones en el país vecino, como en 2010 o 1995. Otra jornada de movilizaciones ya está prevista para el próximo sábado con el objetivo de que se sumen de manera masiva empleados del sector privado. Y así reflejar el divorcio entre el Gobierno y una parte considerable del pueblo galo.

Pese a la fuerte presión social, Macron se niega a retirar la reforma, a la que se oponen el 69% de los franceses, según el último sondeo del instituto Ifop. El impopular texto, que también exige haber cotizado 43 años para recibir una pensión completa a partir de 2027, empezó a debatirse este lunes en la Asamblea Nacional.

A pesar del peso secundario del Parlamento en estos recurrentes pulsos sociales entre una parte considerable del pueblo francés y el poder ejecutivo —puede aprobar la medida por decreto a través del polémico artículo 49.3—, el paso por la cámara baja no será un paseo de rosas. "Solo una combinación de la calle y la Asamblea puede llevarnos a la victoria. (…) Emmanue Macron perdió la batalla ideológica y el paso por la Asamblea puede ser la piel de plátano que haga resbalar al Gobierno", aseguró con ironía Jean-Luc Mélenchon, líder de la Francia Insumisa (afines a Podemos).

El ministro de Trabajo, contra las cuerdas

"Debemos escoger entre la reforma o la quiebra", dijo el ministro del Presupuesto, Gabriel Attal, desde el estrado de la Asamblea, donde había un ambiente muy tenso y se escuchaban los gritos desde sus escaños de los representantes de la oposición. Según el Gobierno, si no aprueban el texto, el sistema de jubilaciones acumulará un déficit de unos 13.000 millones de euros en 2030, lo que representa un 3% del gasto total en pensiones.

Esta medida "va en el mismo sentido de las aprobadas en 1993, 2003 o 2010", afirmó el ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, refiriéndose a otras reformas que ya recortaron el avanzado modelo de jubilación galo. Este dirigente, que en 2017 pasó del Partido Socialista al macronismo, deberá defender el texto en un momento de debilidad personal. El diario digital Mediapart informó el pasado fin de semana que la fiscalía retuvo el delito de "favoritismo" en la investigación de un supuesto affaire cuando ejercía como alcalde de Annonay, en el centro-este del territorio francés. 

Además del presunto caso de corrupción del ministro de Trabajo, el Ejecutivo afronta el debate parlamentario lastrado por la ausencia de una mayoría absoluta de diputados a favor de la reforma. A pesar de haber alcanzado un acuerdo con la dirección de Los Republicanos (LR, afines al PP), el elevado número de representantes disidentes en la derecha republicana aleja la mayoría presidencial del umbral de 289. Hasta 25 diputados de LR (de un total de 62) presentaron una enmienda en contra del artículo 7, que aumenta la edad legal de jubilación de 62 a 64. 

Para convencerlos, la primera ministra, Élisabeth Borne, les ha ofrecido algunas concesiones, como permitir que se jubilen a los 63 años aquellos que empiecen a trabajar con 20 años y dispongan de 43 años cotizados. Pero los disidentes de la derecha republicana no darán su brazo a torcer. Aún más teniendo en cuenta que la mayoría de ellos fueron elegidos en circunscripciones rurales y es en ciudades pequeñas y medias de este tipo donde están teniendo lugar las protestas más significativas.

Si no seduce a una mayoría de diputados, Macron siempre podría aprobar la medida por decreto, aunque esto supondría un mayor coste político. "Si el Gobierno decide sacarla adelante por la fuerza, en contra de la opinión de la mayoría de la población, sobre todo de las clases medias y trabajadoras, esto dejará una huella negativa", advierte el politólogo Christophe Bouillaud, de Sciences Po Grenoble, en declaraciones a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica.