El Gobierno peronista inicia una cruzada destinada al fracaso contra el Tribunal Supremo

El verano no da tregua al presidente argentino Alberto Fernández. La euforia mundialista y la ilusión de un país unido alrededor de los colores de la camiseta de la selección dieron paso a la furia al concluir 2022. El comienzo del año nuevo encuentra al Gobierno de Fernández embarcado en una tarea que promete naufragar: el juicio político contra los integrantes del Tribunal Supremo. La alianza de distintas facciones peronistas conocida como Frente de Todos se propone una cruzada que involucra a toda la principal instancia judicial argentina, pero, en especial contra su cabeza, Horacio Rosatti, un juez tan peronista como el mandatario, pero observado desde el Gobierno como el puntal de un proceso de desestabilización del Ejecutivo. Fernández quiere que se investigue el posible mal desempeño de Rosatti en una función que asumió de manera controvertida, primero al haber entrado al Supremo por un decreto del expresidente Mauricio Macri y, luego, votándose a sí mismo como la cabeza del máximo tribunal. La decisión de Fernández de someterlo a juicio es en rigor una respuesta a un dictamen del Supremo favorable a la ciudad de Buenos Aires, administrada por la oposición de derechas, en una disputa con la Nación en la distribución de fondos federales. Para el actual presidente, la razón del juicio político radica en las "insólitas interpretaciones jurisprudenciales" que han permitido al Supremo "entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional".

El propósito presidencial parece destinado al tropezón. Si bien en principio Fernández contaba con el respaldo de 12 de los 23 gobernadores provinciales, no tardaron en surgir algunas deserciones. El principal apoyo a la cruzada presidencial es el de la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito económico y electoral de Argentina, administrado por Axel Kicillof. El joven economista, muy cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, estima que el Supremo ha avasallado la división de poderes, algo que no tiene precedentes en la historia reciente. La oposición de derechas recurre al mismo argumento, aunque para sostener lo contrario: es el Ejecutivo el responsable de la crisis institucional. “El único plan del kirchnerismo es el objetivo de impunidad”, dijo el diputado Maximiliano Ferraro. Durante la primera semana de diciembre, Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión en un juicio que, según la vicepresidenta, puso en escena el poder de un "Estado paralelo" que tiene su cabeza en el Poder Judicial.

Una pelea de larga data

Durante la campaña electoral que lo consagró presidente, en 2019, Fernández, un abogado e hijo de un exjuez, insertado en lo que se conoce como la "familia judicial", no dejó de criticar al Supremo y abogar por una reforma del sistema. Pero al llegar al Gobierno hizo poco o nada de lo prometido, aun teniendo mayoría en ambas cámaras del Congreso. Desde diciembre de 2021, el oficialismo se encuentra en minoría en la legislatura, lo que hace muy difícil que la cámara de Diputados le abra la puerta a debatir la petición presidencial de juicio político a Rosattti. El peronismo no tiene los votos suficientes, dos tercios, aprobar ese proceso.

Aunque lo sabe, el oficialismo se ha resuelto a presentar la solicitud que, en sus fundamentos, sostiene que "un Poder del Estado" decide "arbitrariamente, invadir las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes", quebrantando de esta manera "los pilares básicos en los que se asienta un sistema republicano". El Supremo "se arroga facultades que no le son propias y se extralimita en sus competencias y atribuciones".

Espionaje y connivencia

Además de hacer referencia al polémico dictamen favorable a la ciudad de Buenos Aires, la formación oficial se ha valido de una filtración de mensajes de Telegram que involucran a un estrecho colaborador de Rosatti y el ministro de Justicia y Seguridad capitalino, Marcelo D’Alessandro. Esas comunicaciones fueron precedidas por otras del mismo tenor que, para el kirchnerismo, no hicieron más que corroborar la hipótesis de su líder al mostrar el entramado entre jueces, exespías y el Grupo Clarín, dueño del diario de mayor circulación en Argentina. El nombre de D’Alessandro aparece en ambas series de chats y lo ha puesto al borde de su dimisión. La figura del ministro se ha vuelto una inesperada carga Horacio Rodríguez Larreta, el alcalde capitalino y el principal aspirante opositor en las presidenciales de octubre.

La discusión parlamentaria alrededor del juicio político tiene un requisito previo que quizá tampoco pueda cumplirse: Fernández debe firmar un decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias de una legislatura que se encuentra en receso hasta el 1 de marzo. La ausencia de canales abiertos entre el peronismo y la oposición vuelve incierta esa posibilidad. Más allá de su éxito relativo o su estruendoso fracaso, la iniciativa del Gobierno da cuenta de hasta qué punto se tensará la vida política argentina en un año electoral.