Ni millones de ojos posados sobre Egipto han detenido la represión que ejercen sus autoridades. Al menos 419 personas han sido arrestadas en todo el país durante las dos semanas que ha durado la cumbre del clima COP-27 en Sharm el Sheij. Según los datos de la Comisión Egipcia para los Derechos y las Libertades (ECRF, por sus siglas en inglés), las detenciones están relacionadas con la convocatoria de protestas programada para el pasado día 11 de noviembre que no llegó a suceder. Ahora que los focos se alejan de Egipto, los activistas por los derechos humanos denuncian la desprotección a la que se enfrentan ante un aumento de la agresividad de las autoridades.

Miles de personas han asistido a la cumbre del clima en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, en la península del Sinaí a orillas del mar Rojo. En varios encuentros, los activistas locales internacionales se han unido para denunciar no sólo la emergencia climática, sino también los graves abusos sobre la ciudadanía cometidos por el país anfitrión desde que el general Abdelfatá al Sisi accediera al poder en 2013 gracias a un golpe militar. De poco ha servido que muchos quisieran recordar previamente a los asistentes que Egipto es uno de los países con mayor número de presos políticos o que alcanza algunos escalofriantes récords de periodistas entre rejas. 

Absolutamente nada de eso se ha interpuesto en la campaña masiva de arrestos. Desde el 1 de octubre hasta ahora, las autoridades han detenido a más de 840 personas en todo el país, principalmente en el área metropolitana de El Cairo. Sólo cuatro de los detenidos han sido liberados. Unos 798 siguen bajo custodia policial o en prisión preventiva. La oenegé ECRF ha denunciado que 38 de los arrestados han sido víctimas de desapariciones forzadas. Entre el casi millar de detenidos, se encuentra un menor de edad de 13 años. Durante la celebración de la cumbre, el día 16, la Fiscalía de la Seguridad del Estado ordenó poner en prisión preventiva a 20 personas tras acusarlas de “difundir noticias falsas” e “incitar a la violencia”. 

Estos cargos son usados a menudo por las autoridades egipcias al imputar a disidentes, activistas y voces críticas. Desde antes de la COP-27, las fuerzas de seguridad egipcias han estado parando a los transeúntes en El Cairo y otras grandes ciudades y exigiéndoles la documentación y revisando sus pertenencias, incluidos sus teléfonos móviles, en busca de cualquier contenido crítico con el Gobierno de Al Sisi. 

Crisis económica

Más allá de las acusaciones de blanquear al estado policial del general, los defensores de los derechos humanos egipcios vieron en la cumbre una oportunidad para que la comunidad internacional denunciara los abusos a los que se ven sometidos y les apoyara. Por eso, surgieron varios llamamientos anónimos a manifestarse durante la COP-27. Tras casi una década desde el golpe militar, el descontento reina entre el pueblo egipcio por su mano dura y la acuciante crisis económica que atraviesa el país, marcada por la inflación y la devaluación de la moneda local. Desde marzo la divisa egipcia ha perdido casi la mitad de su valor. 

Según la ECRF, la mayoría de detenidos están siendo acusados de incitación a protestar. A otros se les acusa de adherirse a un grupo terrorista, incitar a delitos de terrorismo, usar indebidamente las redes sociales y difundir noticias falsas, según un comunicado de otros tres grupos de derechos humanos egipcios. Entre los cientos de detenidos, figuran al menos cinco periodistas, un abogado conocido por representar a presos políticos, un líder sindical y un miembro de un partido político progresista.