La gestión de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) sigue rodeada de polémica y muchas dudas. Tantas que el pleno del Parlamento Europeo ha decidido seguir la recomendación de la comisión de control presupuestario y ha rechazado -con 345 votos a favor frente a 284 en contra y 8 abstenciones- la aprobación este martes de las cuentas del año 2020 alegando la existencia de “serias faltas y otras irregularidades” bajo el mando del anterior director ejecutivo, Fabrice Leggeri, que dimitió del cargo a finales de abril tras un informe de la oficina europea antifraude (OLAF).

La Eurocámara entiende que Frontex no ha hecho lo necesario para garantizar la protección de los derechos fundamentales de inmigrantes y solicitantes de asilo y se hace eco de las informaciones periodísticas que apuntan a su participación en devoluciones ilegales de al menos 957 refugiados entre marzo de 2020 y septiembre de 2021. En este terreno, el pleno lamenta que la agencia, con sede en Varsovia, no haya cumplido algunas de las condiciones recogidas en informe previos sobre la gestión presupuestaria e instan a sus responsables a suspender de inmediato su participación en devoluciones de inmigrantes y solicitantes de asilo en Hungría, debido a la situación del Estado de derecho en el país.

En cuanto a la situación en Grecia, otro de los focos que han generado preocupación en los últimos meses, los eurodiputados expresan su preocupación por las últimas revelaciones que apuntan a que la jerarquía de Frontex tenía conocimiento de las devoluciones ilegales de personas en el país y que personal de la agencia participara en las mismas. Los eurodiputados instan a la Comisión Europea a que garantice que esto no volverá a suceder y lamenta que la agencia no haya contratado al menos a 40 observadores de los derechos fundamentales antes del 5 de diciembre de 2020, tal y como figura en sus obligaciones. El informe también recoge el suicidio de un miembro del personal de la agencia, relacionado con supuestas prácticas de acoso sexual y destaca que en 2020 se notificaron 17 casos de acoso sexual de los cuáles 15 fueron archivados sin ningún tipo de seguimiento.

“Un gran paso adelante. No más fondos públicos para la vulneración de los derechos humanos en nuestras fronteras”, ha celebrado el eurodiputado de los Verdes, Ernest Urtasun. “El Parlamento envía una señal contundente! ¡No más impunidad, no más devoluciones en nuestras fronteras! Las violaciones a los derechos humanos y al derecho de asilo son indignas de nuestras democracias”, se ha sumado el ecologista francés Damien Careme. “"Negar la aprobación de la gestión es un juego político de aquellos a los que no les gusta Frontex y que son alérgicos a la gestión de fronteras, porque creen que Europa debería extender la alfombra roja a todas y cada una de las personas que quieran venir aquí”, ha lamentado el eurodiputado del PPE, Jeroen Lenaers.

Dimisión de Leggeri

La votación de las cuentas estaba prevista para el mes de mayo pasado pero fue aplazada a raíz de la dimisión de Leggeri, hasta la publicación completa del largo y detallado informe de la OLAF que constata infracciones sistemáticas, por medio de devoluciones en caliente en el mar Egeo y encubrimiento por parte de los guardias de fronteras. El Parlamento tiene competencia exclusiva en materia de presupuesto y potestad para conceder, aplazar o denegar la aprobación de la gestión. Como autoridad en este ámbito, el resto de instituciones deben rendirle cuentas sobre cómo gastan los fondos públicos.

Pese al varapalo que supone para la agencia, los eurodiputados celebran el nombramiento de una directora interina, en julio de 2022, así como las medidas correctivas adoptadas o planificadas y los cambios introducidos en materia de derechos fundamentales, aunque alertan que los problemas de Frontex podrían ser de “naturaleza estructural más profunda” y no limitarse a la conducta de solo algunas personas como ha defendido su consejo de administración.