El Tribunal federal de Apelaciones de Arizona (Estados Unidos) ha bloqueado este viernes la decisión de un tribunal de primera instancia que permitía la aplicación de una ley territorial que prohíbe 'de facto' el aborto, por lo que podrá interrumpirse el embarazo hasta las 15 semanas de gestación.

Este fallo llega después de meses de incertidumbre respecto al derecho al aborto en este estado, ya que después del derogamiento por parte del Tribunal Supremo del fallo Roe contra Wade de 1973 --el precedente legal que permitía hasta junio el aborto en el país--, en Arizona pasó a entrar en vigor una norma que se remontaba a 1864 y permitía condenar a cinco años de prisión a cualquiera que facilitase la interrupción de la gestación.

Sin embargo, el gobernador Doug Ducey sostenía que ley aprobada este 2022 y que entró en vigor tan solo hace un mes prevalecía sobre la anterior y hacía legal el aborto hasta la semana 15 de embarazo, excepto cuando fuera salvar la vida de la madre, según recoge el diario local 'The Arizona Republic'.

En este sentido, los jueces han indicado en el fallo que "los tribunales de Arizona tienen la responsabilidad de intentar armonizar las leyes de aborto del estado". Tras lo que han estimado que "en el balance de las dificultades se posiciona a favor de otorgar la suspensión" de dicha norma, "dada la gran necesidad (...) de claridad legal en cuanto a la aplicación de las leyes penales".

Tras conocer el fallo, la organización Planned Parenthood Arizona ha afirmado en un comunicado que reiniciará el procedimiento en sus clínicas, aunque ha advertido de que se trata de una regulación temporal y que la antigua norma podría recuperar su vigencia más adelante.

"Si bien el fallo de hoy brinda un respiro temporal a los arizonenses, la amenaza constante de esta prohibición extrema y casi total del aborto que no tiene en cuenta la atención médica de las personas en todo el estado, incluidas las supervivientes de violación o incesto, sigue siendo muy real", ha asegurado la organización.

Por su parte, la oficina del fiscal general del estado, Mark Brnovich ha transmitido que "entiende que es un problema emocional" por lo que "revisarán cuidadosamente el fallo de la corte antes de determinar el siguiente paso a dar".