Parecía que iban por buen camino. Se había producido lo nunca visto: ecologistas, obreros, incluso el alcalde ultraderechista, estaban de acuerdo. La central de carbón Torrevaldaliga Nord, considerada la que más CO2 emite en toda Italia, ubicada en Civitavecchia —a una hora de camino hacia el norte de Roma—, no solamente debía cerrar. También todo el pueblo se había unido en su negativa a la reconversión de la planta en una para la generación de la electricidad a través del gas. Mejor opción, decían, era la energía eólica. Y la presión había llegado hasta la cúspide de las instituciones. Así se veía el panorama hasta la guerra de Ucrania y el estallido de la crisis energética. "Pero todo fue borrado de un plumazo. La central ha vuelto a funcionar a pleno ritmo, y el proyecto de energía eólica es hoy papel mojado", dice Ricardo Petrarolo, del comité ciudadano No Fósiles.

Poco después de pisar Palazzo Chigi (la sede del Gobierno italiano), aquellos que asuman la tarea de gobernar Italia deberán encargarse de atender algunos dosieres urgentes. El propio Mario Draghi, el primer ministro saliente, ya ha avisado. Para Italia, "los retos son muchos y no de fácil solución", dijo en una intervención en agosto, en la que citó a la crisis energética como uno de estos desafíos. El economista Mario La Torre, académico de la Universidad Sapienza de Roma, también lo ve como una obviedad. "Con el país tiritando por su alta dependencia del gas y petróleo importados, la crisis energética será sin duda un tema prioritario", afirma. El problema es que incluso las maniobras de Draghi, que en tiempo récord redujo este año la dependencia italiana del gas ruso del 40% al 18%, no han impedido que se dispararan los precios en el país, incluyendo los de los alimentos básicos.

La energía, clave electoral

La campaña electoral para las elecciones del domingo también lo ha hecho evidente. Las consecuencias para los ciudadanos del estallido de los precios de la energía ha sido un asunto omnipresente en los mítines del bando de la extrema derecha de Giorgia Meloni y del centroizquierda de Enrico Letta. Y las soluciones propuestas, según diversos analistas, no han sido muy alejadas entre sí (básicamente, diversificar los proveedores e invertir en regasificadores). Aún así, en el papel, también hay algunas diferencias. Letta ha insistido en una continuidad con las políticas del Pacto Verde europeo, mientras que Meloni lo ha criticado ("es fundamentalismo climático", ha asegurado), a la vez de que ha sugerido explorar los yacimientos de gas en el Adriático, como ya hace Croacia y desvinculándose de la actual legislación italiana que tutela el ecosistema en ese mar.

Es necesario contrastar "la voluntad europea" que apunta a que "al menos el 30% de las aguas territoriales" estén protegidas, ha llegado a decir Matteo Salvini, líder de la Liga y aliado de Meloni. Algo que, de ocurrir, anuncia una segura polémica con los ecologistas y con gran parte de la comunidad científica.

Finanzas maltrechas

En verdad, más allá de lo que se pueda cumplir, la realidad es que, pese a las reformas de Draghi, la crisis energética le llega a Italia cuando el país aún sufre por sus problemas estructurales de siempre, entre los que destacan las maltrechas finanzas. En particular: un crecimiento débil desde hace dos décadas y una deuda pública alta y en alza. En concreto, la deuda italiana se disparó del 134% al 155% del PIB entre 2019 y 2020, y bajó al 150% en 2021, con Draghi. Pero aún así su valor es muy elevado: 2.700.000 millones de euros, frente a un PIB de alrededor 1.700.000 millones de euros, según cifras del Banco de Italia y del centro nacional de estadísticas Istat. A ello se añade a que este año también ha caído la producción (-1,4%, según el dato parcial de Istat), e incluso la rica agricultura italiana ha sido golpeada por la sequía y la gran ola de calor de este verano. En este panorama, el nuevo Gobierno deberá presentar y enviar a Bruselas en las próximas semanas su ley de presupuestos.

Asunto aparte, aunque vinculado, es el tema de los fondos de recuperación europeos que han sido destinados a Italia: alrededor de 200.000 millones de euros entre préstamos y ayudas a fondo perdido. En la actualidad Italia ya ha recibido el primer desembolso del plan europeo, unos 21.000 millones, al haber alcanzado los 51 objetivos previstos en 2021, y en junio el Ejecutivo de Draghi también pidió la erogación del segundo pago (otros 21.000 millones), tras alcanzar otros 45 objetivos. No obstante, según cálculos del diario económico 'Il Sole 24 Ore', Italia aún tiene otros 55 objetivos para cumplir en lo que queda del año. De ahí que se considere que será mínimo el margen de maniobra del nuevo Gobierno en lo que concierne las reformas ya pactadas (administración pública, sistema fiscal, y justicia) con Bruselas.

"Los conflictos podrían producirse más por cuestiones de política industrial y, por supuesto, por la inmigración, que es un caballo de batalla tanto de Meloni como de Salvini", razona La Torre. Un (de los pocos) dato que va a la contra: la pandemia también ha hecho que hayan crecido los ahorros privados de la ciudadanía. En concreto, tan solo en 2021, las familias italianas han ahorrado la cifra récord de 320.000 millones de euros, según datos del sindicato autónomo de operadores bancarios.