Los problemas, irregularidades y deficiencias sistémicas con el estado de derecho podrían pasarle en breve factura al Gobierno de Viktor Orbán. La Comisión Europea ha propuesto este domingo congelar unos 7.500 millones de euros, un tercio de los fondos de cohesión que tiene adjudicados Hungría en el período 2021-2027, por que el riesgo de las violaciones del Estado de derecho para el presupuesto de la UE. “La decisión de hoy es una demostración clara de la determinación de la Comisión de proteger el presupuesto de la UE y de utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para garantizar este importante objetivo”, ha dicho el comisario de presupuesto, Johannes Hahn.
Bruselas tenía de plazo hasta el miércoles 21 de septiembre para tomar una decisión. Finalmente la recomendación ha sido adoptada por unanimidad durante una reunión del colegio de comisarios adelantada a este domingo -habitualmente se celebra los miércoles- por problemas de agenda de la presidenta Ursula von der Leyen que, este lunes se desplaza a Londres para participar en el funeral de la reina Isabel II y el martes a Nueva York para la Asamblea General de la ONU. Es la primera vez que el Ejecutivo comunitario aplica el mecanismo de condicionalidad, en vigor desde enero de 2021, y que permite paralizar el desembolso de fondos europeos cuando no se garantiza la protección del presupuesto y de los intereses financieros de la UE.
Tras meses de tira y aloja, el Ejecutivo comunitario lanzó el procedimiento el pasado 27 de abril aunque continuó en paralelo un diálogo con el Gobierno de Orbán para tratar de resolver la larga lista de problemas identificados por los técnicos comunitarios: “Irregularidades sistemáticas y deficiencias” en materia de contratación pública, insuficiencias a la hora de abordar los conflictos de interés, seguimiento efectivo de las investigaciones y las actuaciones judiciales en los casos que implican a los fondos de la Unión y, por último, deficiencias en el marco de la lucha contra la corrupción. Tres meses después, en julio pasado, y ante la falta de respuesta de Budapest, el Ejecutivo comunitario comunicó su intención de congelar un 70% de los fondos de tres programas operativos de cohesión.
Desde entonces los contactos entre Bruselas y Budapest se intensificaron. Como resultado de este ejercicio diplomático, entre agosto y septiembre el Gobierno húngaro presentó una batería de 17 medidas correctoras, con calendario de aplicación incluido, que han sido valoradas positivamente. “Con estas medidas, Hungría ha asumido compromisos importantes y públicos en la dirección correcta y me gustaría celebrar explícitamente este compromiso constructivo”, ha reconocido Hahn sobre un paquete que incluye la creación de una una autoridad antifraude con amplios poderes para controlar el uso de los fondos europeos, la revisión de la ley de contratos públicos, la reforma de la normativa sobre la declaración de bienes de los parlamentarios o la inclusión en la ley de la obligación de prestar apoyo a las inspecciones in situ de la oficina antifraude europea.
De hecho, "la conclusión es que las medidas correctoras propuestas podrían, en principio, resolver los problemas en cuestión, si se detallan correctamente en las leyes y normas pertinentes, y se aplican en consecuencia”, estima el Ejecutivo comunitario. Y, “para que las medidas se consideren adecuadas, tendrían que poner fin a las infracciones de los principios del Estado de Derecho o a los riesgos que crean para el presupuesto de la UE y los intereses financieros de la Unión”, prosigue en su análisis. Es decir, las promesas están muy bien pero hasta que se aprueben y se apliquen el presupuesto de la UE “no está suficientemente protegido” y sigue estando en riesgo.
Decisión de los gobiernos
Y eso significa avanzar con el procedimiento para congelar un 65% de los fondos de tres programas operativos, una cifra algo inferior a la planteada inicialmente debido a los movimientos en la buena dirección de Budapest. Además, Bruselas propone prohibir a Hungría “contraer compromisos jurídicos con los fideicomisos de interés público para los programas ejecutados en gestión directa e indirecta”. La pelota pasa ahora a la mesa del Consejo (donde están representados los 27 gobiernos) que tendrá un mes de plazo, aunque prorrogable a tres meses (hasta el 18 de diciembre), para tomar una decisión que debe adoptar por mayoría cualificada.
De hecho, el Ejecutivo comunitario ha recomendado a los Veintisiete que estiren el plazo al máximo posible para dar tiempo tiempo a Orbán a aprobar y aplicar todo lo prometido. “Hungría se ha comprometido a informar sobre la aplicación de las medidas correctoras antes del 19 de noviembre. Evaluaremos de nuevo la situación y actuaremos en consecuencia”, ha explicado Hahn abriendo la puerta al diálogo y a revertir la posibilidad de congelar los fondos. La decisión de continuar con la activación del mecanismo de condicionalidad llega tan solo tres días después de que el Parlamento Europeo aprobara una resolución en la que concluye que Hungría no es una democracia plena.
En paralelo a este caso, Bruselas y Budapest mantienen otro frente abierto para concluir las negociaciones sobre el plan de recuperación húngaro, el único que hasta ahora no ha aprobado la Comisión Europea por sus dudas en torno a la corrupción y el estado de derecho. El tiempo en este caso también apremia. Si Budapest no firma el acuerdo financiero antes de finales de año podría perder hasta el 70% de los 7.200 millones preasignados.
