Una huelga multitudinaria ha paralizado este jueves el sector educativo en Francia. Las aulas quedaron desiertas debido a una movilización contra la gestión del covid-19 en este sector. El “desmadre” que ha habido con los protocolos sanitarios ha desesperado a los profesores, pero también a inspectores, directores y estudiantes. Hasta el punto que todos los sindicatos educativos se pusieron de acuerdo para impulsar este paro laboral. Y el gran seguimiento de la huelga se corresponde con las previsiones de una jornada calificada por la prensa francesa de “jueves negro” para el Gobierno de Emmanuel Macron.

El 62% de los trabajadores de los institutos no fueron a trabajar, según la Snes-FSU, organización sindical mayoritaria en secundaria. En primaria, hasta el 75% de los maestros dejaron vacías las aulas, según Snuipp-FSU. Como suele ser habitual, el Ministerio de la Educación rebajó estas cifras a un tercio del personal en huelga.

En cualquier caso, se trata de una de las movilizaciones más imponentes en el sector desde 2003, con las protestas entonces contra la reforma de las pensiones del conservador Franços Fillon. No solo pone contra las cuerdas al ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, —muy criticado por su gestión—, sino también supone una piedra en el zapato para Macron cuando faltan menos de 100 días para las presidenciales de abril.

Un protocolo modificado

¿Cuál es el epicentro de esta huelga multitudinaria? Los protocolos sanitarios que se aplican en las escuelas desde el 3 de enero, tras las vacaciones navideñas. Para afrontar la ola de ómicron —los casos diarios superan los 300.000 en Francia— y mantener los centros educativos abiertos sin que se conviertan en aglomeraciones descontroladas, el Ejecutivo centrista preparó nuevas normas.

El ministro Blanqueur ya indignó a los profesores al anunciarlas, primero, en la prensa el domingo 2 de enero, pocas horas antes de la 'rentrée'. Desde entonces, todos los niños con covid-19 debían aislarse durante una semana. En el caso en que hubiera un caso positivo en su clase, podían ir a la escuela con la condición de hacerse tres test (o autotest) y dar negativo en todos ellos en los cinco días posteriores.

Esta nueva normativa generó malestar y resultó difícil de cumplir. Las autoridades educativas la modificaron hasta tres veces en la última semana. Lo que desembocó en un “desmadre indescriptible”, según los sindicatos educativos. Y a cambio estas organizaciones, como la moderada CFDT, exigen “un protocolo viable que se base en una ratio de positivos o de alumnos ausentes sin que esto comporte cierres (de aulas) ni agote al personal y los padres”.