La cruzada conservadora contra el aborto en Estados Unidos está más cerca que nunca en las últimas cinco décadas de lograr su objetivo y se ve al borde del abismo un derecho reconocido como constitucional en el país desde la sentencia Roe v. Wade en 1973 y ratificado en 1992 por Planned Parenthood v. Casey.
La probabilidad de un cambio en la legislación y en la vida de millones de mujeres estadounidenses se ha evidenciado este miércoles, cuando el Tribunal Supremo, de sólida mayoría conservadora tras la instalación de tres jueces nombrados por Donald Trump, ha mantenido durante 90 minutos una vista de argumentos sobre una restrictiva ley de Misisipí.
Esa norma, aprobada en 2018 pero que nunca llegó a entrar en vigor por los retos legales y decisiones de tribunales inferiores, prohíbe prácticamente todas las interrupciones del embarazo después de 15 semanas. Es mucho antes que las cerca de 24 semanas de gestación durante las que estaba amparado hasta ahora el aborto en EEUU al considerarse que hasta ese momento el feto no es “viable”, como se denomina a cuando es capaz de mantener vida fuera del útero.
Un golpe casi garantizado
En la sesión de este miércoles, que se ha seguido con protestas y manifestaciones a las puertas del Supremo en Washington que han acabado con 33 detenidos, los seis jueces conservadores de los nueve que componen el tribunal han dado con sus preguntas y comentarios indicios claros de que respaldarán la ley de Misisipí. Algunos se han mostrado dispuestos a ir más allá y romper con los precedentes y acabar totalmente con Roe. Y aunque han quedado abiertos interrogantes y posibilidades de hasta dónde llegarán, el golpe al derecho al aborto se da casi por garantizado.
La decisión se espera en principio a finales de junio o principios de julio del año que viene, pero podría llegar también antes de verano. Promete convertir el aborto en un tema central de cara a las elecciones legislativas de 2022. Y permite también augurar un terremoto no solo político sino también social mucho más allá de Misisipí. abriendo la perspectiva de un país donde casi la mitad de estados restrinjan también el derecho, o lo eliminen totalmente si llegara a anularse Roe.
“Los efectos en el mundo real de anular Roe y Casey serían severos y rápidos”, ha advertido en la vista Elizabeth Prelogar, abogada que ha representado a la Administración. Casi la mitad de estados del país tienen preparadas leyes que tras una potencial anulación de Roe en el Supremo prohibirían o restringirían los abortos después de las 15 semanas, incluyendo 12 estados que lo harían casi de forma automática. Según un análisis de Planned Parenthood, eso podría dejar a cerca de 36 millones de mujeres, la mitad de las que se encuentran en edad reproductiva en esos estados, sin acceso al aborto. Y ese impulso normativo en estados gobernados por los republicanos contrasta con la opinión social mayoritaria en EEUU, donde según los sondeos un 60% de la población apoya que se garantice el derecho al aborto.
Politización del Supremo
Esa garantía no está protegida ni regulada por ninguna ley federal y hasta ahora los estados han estado gobernando el aborto acotados por los precedentes marcados por el Supremo, y este miércoles al menos cuatro de los jueces conservadores (Clarence Thomas, Samuel Alito, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett) han dado pistas de estar dispuestos a anular esos precedentes.
Esos magistrados necesitarían para hacerlo sumar a Neil Gorsuch y John Roberts, presidente del Alto Tribunal, que han parecido dejar la puerta abierta a mantener la protección constitucional de Roe pero permitir a los estados que, como hace la ley de Misisipí, acorten el plazo en que la mujer puede abortar.
Los tres magistrados progresistas, por su parte, han mostrado firme oposición a la ley de Misisipí y a cambios en los precedentes. Y también han sonado la voz de alarma sobre el “daño irreparable” que se podría provocar a la institución del Supremo con una decisión que consideran politizada.
Stephen Breyer, por ejemplo, ha remarcado que “es particularmente importante mostrar que lo que hacemos al anular un caso está basado en principios y no en presión social” y ha augurado que la gente “va a estar lista para decir que somos simplemente políticos”. En la misma línea ha ido Elena Kagan, que ha recomendado no actuar de forma que provoque a la gente pensar que el Supremo es “una institución política que va de un lado a otro dependiendo de qué parte de la ciudadanía grita más fuerte o de cambios en los miembros de la corte”. Y Sonia Sotomayor ha planteado: “¿Sobrevivirá esta institución el hedor que esto crea en la percepción pública de que la Constitución y sus lecturas son solo actos políticos? No veo cómo eso sería posible”, ha contestado ella misma.
Ese tufo del que habla Sotomayor es inevitable incluso antes de la decisión que adopte el Supremo y los índices de confianza en la independencia del Tribunal ya llevan tiempo cayendo.
