Una piedra en el zapato procedente del otro lado del Atlántico. Mientras la situación del covid-19 empeora en Francia -este martes se registraron unos 30.000 casos-, el Ejecutivo del presidente Emmanuel Macron se confronta a otro frente: la revuelta en las islas de Guadalupe y Martinica. Desde hace una semana, un movimiento sindical contra la vacunación obligatoria de enfermeros y bomberos ha desembocado en una rebelión social en las dos islas del Caribe. En la Martinica empezó el lunes una huelga general
El Gobierno de París ha resuelto responder al desafío con una respuesta firme. "La ley de la República sobre la obligación de vacunación de enfermeros y bomberos se aplicará", ha dicho este martes el ministro de Ultramar, Sébastien Lecornu, en declaraciones a la cadena pública France 2. "Sería escandaloso si dejáramos de aplicar la ley", ha añadido. De esta manera, Lecornu ha dado un portazo a una de las principales reivindicaciones del colectivo de sindicatos, mayoritariamente de izquierdas y afines al movimiento descolonizador, que impulsaron la movilización social en Guadalupe. "La única cosa que podría representar un avance para nosotros sería el final de la vacunación obligatoria", ha advertido Patricia Pioche, secretaria adjunta de la Unión General de Trabajadores de Guadalupe.
La revuelta en esta isla paradisiaca empezó con una llamada a la huelga general a partir del 15 de noviembre. Convocada contra la vacunación obligatoria de enfermeros y bomberos -en la isla están inmunizados el 87% de estos sanitarios y el 43% de los soldados del fuego-, esta movilización empezó con manifestaciones y cortes de carretera. Pero estas formas de protesta tradicionales derivaron en otras de insurreccionales. La isla se llenó de barricadas incendiadas, pillajes de tiendas, incendios en al menos cuatro edificios del centro de Pointe-à-Pitre (ciudad más poblada de la isla) y duros enfrentamientos con la policía, cuyos vehículos recibieron disparos con balas reales. Incluso manifestantes se apoderaron de armas de guerra en un local de los servicios de aduana.
Retraso de 40 años
Este movimiento de contestación "no solo se debe a la vacunación obligatoria", sino también a un "retraso de 40 años en materia de desarrollo económico y social", advirtió el presidente del Consejo regional de Guadalupe, Ary Chalus, un dirigente de centro-izquierda cercano al partido del presidente Macron. A medida que se acentuaban las protestas, el motivo inicial de la vacunación quedó sobrepasado por un malestar más profundo en uno de los territorios más pobres de Francia. Un tercio de los 400.000 habitantes de la isla viven por debajo del umbral de la pobreza, mientras que en la Francia metropolitana es el 14%. Sus niveles de desempleo se sitúan en el 19%, y el 55% para los jóvenes.
Pese a la evidente dimensión social de la revuelta, el Ejecutivo macronista apuesta por sofocarla con puño de hierro. El prefecto (equivalente al delegado del Gobierno) estableció la semana pasada un toque de queda nocturno, a partir de las seis de la tarde. Unos 50 agentes de unidades especiales de la gendarmería fueron desplegados como refuerzos. Detuvieron a casi un centenar de manifestantes. "La respuesta del Estado es la firmeza", ha defendido este martes el ministro del Interior, Gérald Darmanin. "No podemos ceder en nada a la mentira y la manipulación por parte de algunos de esta situación", había dicho el día antes Macron.
Viento de desconfianza
No obstante, las protestas en Guadalupe se están reproduciendo en la isla casi vecina de Martinica. Allí empezó una huelga general este lunes, impulsada por 17 sindicatos que exigen el final de la vacunación obligatoria para los sanitarios, pero también un aumento de los salarios y de las ayudas sociales y una disminución del precio de la gasolina y el gas. Los manifestantes bloquearon las principales carreteras y se produjeron disparos con armas de fuego contra los vehículos de bomberos y las fuerzas de seguridad. La revuelta se extiende por las islas francesas en las Antillas, propulsada por el viento de la desconfianza a las restricciones sanitarias adoptadas desde París y del abandono social de estos territorios.
