Elevadas vallas antidisturbios y agentes de seguridad protegen la sede del Tribunal Constitucional de Polonia, sito en un elegante palacete del sur de Varsovia que en su día ejerció las funciones de casino para oficiales. Tan solo unas horas antes, alrededor de 10.000 personas, en su mayoría activistas en favor de la relajación de la ley sobre el aborto y militantes de movimientos feministas a los que acabó por adherirse Donald Tusk, expresidente del Consejo Europeo, se habían concentrado en este bucólico rincón de la capital polaca para protestar por la muerte de Izabela, una joven de 30 años de Pszczyna, en el sur del país, como consecuencia de un embarazo inviable de 22 semanas.

Horas antes de fallecer, Izabela, cuyo apellido no ha sido dado a conocer, llego a escribir por WhatsApp a su familia desde el mismo hospital en el que había sido ingresada que los médicos se negaban a practicarle una interrupción del embarazo debido a las estrictas leyes sobre el aborto en vigencia en Polonia: "Van a esperar a que el bebé muera o que 'algo' comience a suceder; y si no, entonces estupendo, puedo esperar un shock séptico".

Al día siguiente, a primera hora de la mañana, Izabela falleció, según los médicos del hospital, debido a un embolismo pulmonar, según la autopsia como consecuencia de un shock séptico, un deceso que se dio a conocer más de una semana después de producirse. El hospital ha suspendido a los dos doctores que la trataron y ha intentado evadir la responsabilidad, asegurando que "todas las decisiones médicas se adoptaron teniendo en cuenta las provisiones legales y los códigos de conducta en Polonia".

Mandato de nueve años

No es de extrañar que la más alta instancia judicial del país eslavo, elegida por el órgano legislativo para un mandato de nueve años, concentre las iras del importante sector de la ciudadanía que se siente desprotegido o no representado por el actual Gobierno de coalición, encabezado por el partido Ley y Justicia, de tendencia populistaultraconservadora y euroescéptica. Dos de sus últimas decisiones no solo han indignado a movimientos feministas o progresistas, sino que han provocado una severa reacción incluso en la UE. En octubre de 2020, el organismo decretó inconstitucional uno de los preceptos para permitir la interrupción del embarazo, las malformaciones en el feto. En julio pasado, a instancia del primer ministro Mateusz Marowiecki, estableció que el artículo 1 del Tratado de la Unión contradecía la primacía de la Carta Magna polaca y la soberanía del Estado.

Las últimas manifestaciones "no van a cambiar gran cosa y el Gobierno no se va a sentir obligado a modificar el rumbo", asegura a EL PERIÓDICO, diario perteneciente al mismo grupo de comunicación que este medio, Malgorzata Kulwaczewska Figat, periodista del portal izquierdista Strajk.eu. La participación en las movilizaciones, según la informadora, "fue menos nutrida de lo esperado" en un país que, hoy por hoy "solo está pendiente de la crisis de refugiados", se lamenta, antes de recordar que la anterior ola de protestas feministas, acaecida tras las últimas restricciones aprobadas por el organismo, solo consiguió que circulara en internet "más información" para que las mujeres que lo desearan acudieran a los países vecinos como AlemaniaChequia o Eslovaquia.

Las autoridades responden a las críticas asegurando que la muerte de Izabela es el resultado de malas prácticas médicas y no de las restrictivas leyes sobre el aborto, permisible en el caso de que la salud de la madre se halle en peligro. "Cuando se trata de la salud de la madre, interrumpir el embarazo es posible", insistió el primer ministro Marowiecki. "El caso de Izabela demuestra que incluso un supuesto que en ningún caso debería ser cuestionado -la vida y la salud de la madre- no es siempre reconocido por los doctores porque tienen miedo", respondió Urszula Grycuk, de la Federación de Mujeres y Planificación Familiar.

Oídos sordos

La actitud del Gobierno actual respecto a la comunidad LGTBI también ha generado importantes críticas. A diferencia de lo que sucede con formaciones de derecha y centroderecha de Europa Occidental, los líderes de Justicia y Ley no tienen reparo alguno a la hora de emplear un lenguaje del odio hacia los miembros de este colectivo, acusándoles de poner en peligro "los valores" y la "identidad nacional polaca" e incluso llegándose a declarar un centenar de municipalidades como "zonas libres de LGTB". En CodeRed, uno de los locales de ambiente homosexual de la capital, los clientes intentan hacer oídos sordos a semejantes declaraciones y poner buena cara al mal tiempo. "Es una fase de la historia de este país, pero este Gobierno no durará para siempre", destaca Iremeusz Mankiewicz. Aunque en Polonia los gays no se pueden casar ni formar uniones civiles, sí confían en que la pertenencia a la UE atempere cualquier tentación del Gobierno de arremeter contra ellos más allá de las palabras. "Necesitan los fondos europeos", recuerda Iremeusz.

Movilización en medio del acoso a los medios independientes

Aunque las políticas antiinmigraciónpopulistas tendentes a ocupar el Estado son similares, el Gobierno polaco se enfrenta a una mayor oposición interna que el Ejecutivo de Hungría de Viktor Orban a la hora de implementar su agenda. En opinión de la periodista Kulwaczewska Figat, se puede identificar a una Polonia "que asume los postulados del Gobierno y a otra fuertemente movilizada" contra este estado de cosas, y que acude incluso "en ayuda de los inmigrantes" de Oriente Próximo, entre la Polonia "de las ciudades y la de "las regiones rurales", de "las mujeres" y "de los hombres".

Consciente de que la oposición cuenta con influyentes altavoces, la mayoría gubernamental en el Parlamento acaba de aprobar una serie de polémicas enmiendas a la ley de medios que limitan la posibilidad de que empresas fuera de la UE puedan acceder a una licencia de televisión. El objetivo del texto legal es, sin duda alguna, neutralizar a TVN, la principal cadena privada del país, cuyo socio mayoritario es la compañía estadounidense Discovery. "No querría yo trabajar para la televisión pública", reacciona, sarcástico, un reportero de esa cadena que prefiere no decir su nombre, precisamente frente a la sede del Tribunal Constitucional.