Las tensiones entre Londres y Bruselas por la aplicación del Protocolo de Irlanda del norte, el mecanismo incluido en los acuerdos del ‘Brexit’ para evitar el regreso de una frontera dura a la isla de Irlanda y que mantiene anclado al territorio norirlandés al mercado único, vuelven a dispararse. A esta tormenta política, que podría volver a estallar esta semana, se ha sumado este lunes un nuevo frente: el inicio de las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre la futura relación con Gibraltar. No hay plazos ni fechas límite para sellar un pacto pero de momento, según han confirmado fuentes comunitarias, hay previstas cuatro rondas de negociación que se prolongarán hasta el mes de diciembre.

La primera tiene lugar este lunes y martes en Bruselas, a nivel de funcionarios, con el objetivo de que ambas partes fijen sus posiciones de partida. Al igual que en las negociaciones del Brexit las conversaciones se alternarán entre la capital comunitaria y la británica. Según la coreografía prevista, en noviembre habrá otras dos tandas de conversación y otra en diciembre. ¿Habrá acuerdo para entonces? “Veremos, queremos ver progresos pero no vamos a poner fechas límites”, apuntan fuentes del Ejecutivo comunitario que tampoco descartan la posibilidad de que los problemas con el protocolo norirlandés terminen contaminando las negociaciones sobre el Peñón. “Son cuestiones separadas pero obviamente no operamos en un vacío político”, admiten.

La apertura de negociaciones se produce tras el acuerdo al que llegaron Londres y Madrid a finales del año pasado -que incluye eliminar la verja para facilitar la libre circulación de personas- y la aprobación formal la semana pasada del mandato negociador de los Veintisiete Estados miembros. Se trata del documento con las directrices de negociación para que la Comisión Europea y Londres definan los contornos de la futura relación con el Peñón, que no está incluido en el ámbito de aplicación del acuerdo comercial que cerraron la UE y el Reino Unido en diciembre de 2020. 

Soberanía británica

Bruselas presentó su propuesta de directrices en julio pasado aunque se topó con el rechazó frontal de Londres que denunció que el mandato “socavaba la soberanía británica del Peñón”. Finalmente, y tras algunos cambios, el documento fue aprobado por los Veintisiete el pasado martes. El objetivo de la UE es lograr un acuerdo “amplio y equilibrado” que permita el desarrollo socioeconómico de Gibraltar y la región, particularmente la mancomunidad de municipios del Campo de Gibraltar, sin perjuicio de las cuestiones de soberanía y jurisdicción. 

Para ello, está previsto en primer lugar la supresión de la verja y de “todas las barreras físicas” entre el Peñón y España, tal y como acordaron Madrid y Londres a finales del año pasado. Un compromiso que, al no ser Gibraltar parte del espacio de libre circulación de Schengen, requerirá de controles de personas y mercancías. La UE sugiere que sea España quien ostente “todos los poderes necesarios y obligaciones para efectuar controles” de entrada y salida. Para superar las reticencias británicas respecto a su soberanía, España, tal y como se hace eco el mandato, propuso que sean los representantes de la Agencia europea de fronteras (Frontex) quienes se encarguen durante los primeros cuatro años de realizar los controles.

En cuanto al ámbito económico y comercial, el objetivo de la UE, dada la situación geográfica del Peñón y la interdependencia, es garantizar el cumplimento de estándares elevados por parte de las autoridades gibraltareñas en materia de ayudas de estado, mercado de trabajo, medioambiente y clima, fiscalidad, lucha contra el blanqueo de dinero y financiación del terrorismo. En este terreno, por ejemplo, el futuro pacto deberá asegurar que el puerto del Peñón “compita de forma justa con otros puertos europeos, en particular el puerto de Algeciras, incluidos, entre otros, los servicios de abastecimiento de combustible”.