Juana Ruiz, la ciudadana española detenida el pasado 13 de abril por las fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania, ha conocido finalmente este jueves los cargos de los que se le acusa y que no tienen que ver con financiación del terrorismo. Ruiz, de 60 años y que reside desde hace más de 35 en Cisjordania, donde trabaja como coordinadora de proyectos en la ONG palestina Health Work Committees (HWC), fue detenida el 13 de abril en su casa en Beit Sahur, cerca de Belén, por más de 20 soldados israelíes. Hasta este jueves había comparecido en varias ocasiones ante un tribunal militar, sin que se supiera en concreto de qué se le acusaba hasta que finalmente se le ha informado de que hay cinco cargos en su contra, según ha indicado Gaby Haski.

En concreto, ha precisado, se le acusa de tres cargos en relación con su trabajo en HWC, organización a la que Israel considera ilegal, así como de haber introducido dinero en los territorios palestinos y de haber recibido fondos con falsas pretensiones. "No hay ningún cargo oficial de financiación del terrorismo", ha recalcado. La abogada ha precisado que está prevista para el próximo lunes una nueva audiencia, en la que se presentarán formalmente los cargos y en la que el Ejército israelí pedirá que siga detenida a la espera de que concluya el juicio y la defensa solicitará su puesta en libertad.

Por otra parte, respecto a la acusación por parte de las autoridades israelíes de que HWC tiene vínculos con el Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP), una organización que tanto la UE como Estados Unidos consideran como terrorista, la abogada ha asegurado que es algo que se está intentando crear, al tiempo que ha sostenido que si HWC es una organización ilegal no debería seguir trabajando, como continúa haciendo.

Desvío de fondos para la organización

Entretanto, el Shin Bet -el servicio de seguridad interior de Israel- ha desvelado que el FPLP ha usado la organización para la que trabaja Ruiz y otras para defraudar varios millones de euros a organizaciones y países europeos en los últimos años. "Las instituciones del FPLF engañaron a varias organizaciones de ayuda en Europa a través de varios métodos como proyectos ficticios, transferencia de documentos falsos, falsificación y facturas infladas, desvío de licitaciones, falsificación de documentos y firmas bancarias, salarios inflados y más", ha indicado el Shin Bet, según informa 'Times of Israel'.

Todo este dinero, según el servicio de seguridad, se usó para pagar a las familias de miembros del FPLP abatidos, para reclutar a nuevos combatientes y para difundir la propaganda del grupo en Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este. Entre 2014 y 2021, los gobiernos de Países Bajos, España, Bélgica, Italia, Suecia, Dinamarca, Irlanda, Alemania, Francia, Noruega, Suiza y la UE concedieron más de 200 millones de euros a la red de ONG del FPLP, incluida la organización para la que trabaja Ruiz, de acuerdo con datos de NGO Monitor, un 'think-tank' israelí que analiza las fuentes de financiación de las organizaciones de la sociedad civil y su uso, citadas por 'Jerusalem Post'.

Otros detenidos

Además de Ruiz, la campaña de apoyo a la española informó en su momento de que también han sido detenidos por las autoridades israelíes Tayseer Abu Sharbak, responsable actual del Departamento de Contabilidad de HWC y Saeed Abbad, anterior responsable del mismo hasta hace dos años. En declaraciones a Europa Press, una de las integrantes de la plataforma en favor de la liberación de Ruiz, Sandra Barrilaro, ha defendido que las acusaciones contra la española son "fácilmente desmontables" ya que en todos los proyectos de cooperación financiados por países europeos, entre ellos España, "hay que justificar hasta el último céntimo". En su opinión, con esta acción "Israel va a por la cooperación internacional" ya que es "un testigo incómodo" de la vulneración a diario de los derechos de los palestinos para los que estas organizaciones son además un "soporte tanto emocional como en su día a día".

Libertad provisional

Un juez militar israelí decidirá este jueves sobre la libertad provisional de la trabajadora humanitaria españolo según informó a Efe su abogada Gaby Lasky. En base a su pertenencia a los Comités, que provee ayuda a la población en materia de salud y desarrollo, Ruiz Sánchez fue acusada también de "participar en actividades de una organización ilegal" y de "formar parte de la junta directiva de una organización ilegal". La presentación de cargos formales se produjo tras más de tres semanas en que la ciudadana española permaneció "detenida con propósitos de interrogación".