Militares de Birmania, que tomaron el control del país mediante el golpe de Estado del 1 de febrero, entraron por la fuerza en al menos dos oficinas de medios de comunicación, en un nuevo episodio de acoso a la prensa.
Varios efectivos militares asaltaron en la tarde del martes la sede en Rangún, antigua capital y ciudad más poblada del país, de Kamayut Media, y después arrestaron a su cofundador, Han Thar Nyein, y al editor jefe, Nathan Maung, según el portal Myanmar Now.
El mismo día, los soldados también entraron por la fuerza en la oficina de Mizzima, uno de los cinco medios cuya licencia para la publicación y retransmisión fue cancelada el lunes, aunque se encontraba desocupada desde el sublevamiento militar.
Mizzima, creado por periodistas birmanos en el exilio en 1988, reafirmó su compromiso con "seguir luchando contra el golpe militar y la restauración de la democracia y derechos humanos en Birmania" y se comprometió a continuar informando en sus portales digitales y redes sociales.
"Estos medios revelan la verdadera brutalidad de la junta militar, su opresión va encaminada a esconder las violaciones contra los derechos humanos", denunció la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) en Birmania, que cifra en al menos 60 las víctimas mortales registradas durante la represión contra las manifestaciones para oponerse al golpe de Estado.
Con estas ya son tres las redadas que las autoridades han realizado contra medios de comunicación, tras irrumpir el lunes en la sede del portal Myanmar Now, otro de los medios revocados por la junta militar.
"Estamos en un punto en el que continuar haciendo nuestro trabajo significa correr el riesgo de ser encarcelados o asesinados. Lo cierto es que no dejaremos de cubrir los enormes crímenes que viene cometiendo el régimen (militar) en todo el país", dijo el martes Swe Win, editor jefe de Myanmar Now, portal fundado en 2015.
Birmania (Myanmar), donde los militares gobernaron de manera ininterrumpida entre 1962 y 2011, experimentó en la última década una avalancha en la proliferación de medios independientes, tras el fin de la censura gubernamental y durante el proceso democrático del país asiático. Sin embargo, con el golpe de Estado militar ha regresado la persecución contra los profesionales de los medios de comunicación, denunció la semana pasada Reporteros Sin Fronteras.
Decenas de periodistas han sido detenidos desde el levantamiento, al menos seis de ellos acusados por las autoridades de violar las leyes de orden público, lo que está penado con hasta 3 años de cárcel. Mientras tanto continúan las masivas manifestaciones en rechazo de la junta militar y que exigen el regreso de la democracia, que se respeten los resultados de las elecciones de noviembre y la liberación de todos los detenidos por los militares, entre ellos la depuesta líder del gobierno, Aung San Suu Kyi.
Cerco a viviendas
Las fuerzas de seguridad birmanas cercaron este miércoles en Rangún un complejo de viviendas de trabajadores ferroviarios, que se encuentran en huelga contra la junta militar golpista.
Decenas de soldados y policías, fuertemente armados, bloquean el camino de acceso a la zona de viviendas en el distrito de Mahlwagon, en el centro de Rangún, según un vídeo publicado en las redes sociales por uno de los trabajadores.
Los ferroviarios son una parte muy activa del movimiento de desobediencia civil que ha paralizado parte de la Administración, además de bancos, fábricas y comercios, en protesta por el golpe de Estado del pasado 1 de febrero.
El cerco al complejo de viviendas comenzó alrededor de las 6.30 hora local (00.00 GMT), informó la prensa local, sin que se haya confirmado si se han efectuado detenciones.
Los empleados del servicio de trenes ya sufrieron hace dos semanas el ataque violento de un grupo de partidarios de la junta militar al término de una marcha en apoyo de las autoridades golpistas en Rangún.
Médicos y otros funcionarios también forman parte del heterogéneo movimiento de desobediencia civil que pone en jaque a la junta militar y a cuyos seguidores las autoridades tratan de intimidar con la fuerza para que regresen a sus puestos de trabajo.
Al menos 60 personas han perdido la vida durante la brutal represión de las fuerzas de seguridad contra las manifestaciones en oposición a los militares que se expanden a lo largo del país. Las protestas continúan hoy para expresar el rechazo a la junta militar y exigir el regreso a la democracia, el respeto de los resultados de las elecciones de noviembre y la liberación de todos los detenidos por los militares, entre ellos la depuesta líder del gobierno, Aung San Suu Kyi.
Un segundo miembro del partido de Suu Kyi, Liga Nacional para la Democracia (LND), murió mientras se encontraba bajo arresto de un supuesto disparo por la espalda, según denunció su esposa en declaraciones a la emisora Radio Free Asia.
Las autoridades, por su parte, defienden la actuación de las fuerzas de seguridad y la Policía asegura que actúan contra los disturbios "conforme a la ley" y tratan de "minimizar los heridos".
A pesar de la celebración de elecciones y del proceso iniciado en 2011 en Birmania hacia una "democracia disciplinada", como la denomina el Ejército -que gobernó el país con puño de hierro de 1962 a 2011-, el mando castrense mantenía antes del golpe un amplio control sobre los aspectos políticos y económicos del país.
El Ejército birmano justificó la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los pasados comicios, donde observadores internacionales no detectaron ningún amaño y en los que arrasó la Liga Nacional para la Democracia, el partido liderado por Suu Kyi, como ya hiciera en 2015.
