Este jueves, el primer día completo de presidencia de Joe Biden, la prioridad en la Casa Blanca ha sido poner en marcha una agresiva campaña ejecutiva, legislativa y social para combatir la pandemia. Hay razones. Es el día en que se cumplía un año exacto desde que Estados Unidos anunció su primer caso de coronavirus y desde entonces el país ha visto casi 24,5 millones de contagios (más de 4.200 sumados solo el miércoles), llora a más de 406.000 fallecidos y enfrenta no solo una crisis sanitaria agravada por la fallida respuesta del gobierno de Donald Trump sino una económica, subrayada por datos como el de que solo la pasada semana más de 1,3 millones de estadounidenses reclamaron prestaciones o ayudas por el paro.

En contraste con el abandono de la gestión de la crisis de su predecesor, que puso sobre las espaldas de los estados el peso principal de la respuesta al COVID-19, Biden ha lanzado una estrategia nacional donde el Gobierno federal juega el papel clave. Ha firmado 10 órdenes ejecutivas que se suman a las tres del miércoles, ha emitido memorandos y, no menos importante, ha centrado su primera intervención pública más allá de las ceremoniales de la investidura en lanzar un mensaje al país.

"Estamos ante una emergencia nacional y es hora de que la tratemos como tal", ha dicho, prometiendo que la ciencia y los datos guiarán sus acciones y que permitirá a los expertos trabajar "libres de interferencia política". Era uno de los contrastes que ha querido marcar con la Administración de su predecesor, a la que ha acusado de "no actuar con urgencia, foco y coordinación".

Sin abandonar el realismo que hasta ahora ha marcado su forma de abordar la pandemia, Biden ha reiterado que "las cosas van a empeorar antes de mejorar" y ha recordado que en el próximo mes las víctimas mortales pueden alcanzar el medio millón. Pero ha prometido usar todo la fuerza del Gobierno federal, incluyendo haciendo uso de la Ley de Producción de Defensa.

Objetivos y pasos

Biden se mueve con siete objetivos: restaurar la confianza pública en los esfuerzos del Gobierno; conseguir más dosis para vacunar; mitigar la propagación del virus; ofrecer ayuda económica de emergencia; diseñar una estrategia para realizar pruebas en escuelas y lugares de trabajo; crear un grupo que acabe con la desigualdad racial, étnica y geográfica que agrava la crisis y, también, prepararse para el futuro.

El miércoles Biden ya ordenaba por decreto el uso de máscaras y distancia de seguridad en propiedades federales, frenaba la salida de la Organización Mundial de la Salud que Trump inició el pasado mayo y reactivaba una unidad de seguridad sanitaria global y biodefensa que su predecesor había desmantelado. Este jueves lanzaba iniciativas destinadas a proteger trabajadores, mejorar la igualdad racial en la respuesta y acelerar la fabricación de material, tanto el necesario para pruebas como las propias vacunas.

Además creaba un panel que dictará directrices unificadas sobre pruebas, establecía las pruebas gratuitas para quienes no tienen seguro o medios, imponía una moratoria a los desahucios y también urge a posponer ejecuciones de hipotecas que tienen avales federales.

Cuarentenas a los visitantes y reapertura de escuelas

Una de las órdenes ejecutivas de Biden incluye la obligación para todos los visitantes a EEUU tengan previamente a salir hacia el país una prueba PCR negativa y se sometan a cuarentena o autoaislamiento al llegar siguiendo las directrices actuales de los Centros de Control y Prevención de enfermedades. Los aspectos específicos de la medida aún se tienen que concretar y el presidente ha instado a tres de sus secretarios a presentar "rápidamente" un plan más detallado. Los titulares de las tres carteras (Sanidad, Transporte y Seguridad Nacional) ni siquiera están aún confirmados por el Senado

Otro de los focos principales de Biden es promocionar la reapertura segura de las escuelas, empeño al que destina no solo esfuerzos políticos sino fondos. La Agencia Federal de Emergencias, por ejemplo, está instada a partir de ahora a desembolsar dinero invertido tanto en material de protección como en limpieza y otros costes de esas reaperturas. Y ha solicitado al Congreso más de 200.000 millones para colegios, universidades, guarderías en riesgo de cierre y ayuda a familias para el cuidado de los niños.

Biden depende del Congreso también para que se apruebe su propuesta de un nuevo paquete de ayuda de 1,9 billones de dólares, pero la negociación en las cámaras no va a ser todo lo rápido que indudablemente le gustaría. Al menos la semana que viene la Cámara Baja no va a estar en sesión.

Herencia envenenada

Todo el reto de confrontar la pandemia se ve agravado por el legado envenenado que le ha dejado Trump. La nueva Administración han identificado 12 problemas inmediatos en lo referente a suministros. Y aunque la Operación 'Warp Speed' de Trump para desarrollar las vacunas fue un éxito, se tornó fracaso a la hora de diseñar las siguientes etapas. "Lo que heredamos es mucho peor de lo que podíamos haber imaginado", ha denunciado Jeff Zients, el nuevo coordinador de la respuesta de la Casa Blanca. Entre las denuncias no solo está que no se compartió información crucial sino que no había un plan de vacunación, que ahora se pone en marcha contra reloj para lograr la meta de Biden de tener 100 millones de inmunizados en 100 días.