"¡Paren el recuento!", cualquier voto que llegue después del día de los comicios no será contado". Dos días después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, tan igualadas que su desenlace final sigue siendo un misterio, Donald Trump ha vuelto a recurrir a las redes sociales para cuestionar la legitimidad del resultado. Una estrategia en paralelo a la ofensiva legal lanzada por su campaña para frenar el conteo de los votos, reclamar un mayor acceso a los centros donde se están procesando o demandar nuevos recuentos en los estados que ha perdido por unos pocos miles de votos. Algo que no ha hecho en todos aquellos que ha ganado. Ni los observadores independientes de la OCDE ni las autoridades locales han detectado irregularidades significativas.
Esas maniobras se suman a las más 300 demandas presentadas en los tribunales antes de la jornada electoral. La gran mayoría, lanzadas por los republicanos para cuestionar el voto por correo y los plazos fijados para que pueda ser contabilizado, una estrategia que busca invalidar el mayor número posible de papeletas.
Petición de nuevos recuentos
La campaña de Trump ha pedido nuevos recuentos en Wisconsin y Michigan, ambos adjudicados ya al demócrata Joe Biden con el 98% del voto escrutado. En el primero, su victoria ronda los 20.500 votos; en el segundo, se acerca a los 150.000. Sostiene que se han detectado "irregularidades en varios condados", entre ellas, la supuesta intervención de los trabajadores que cuentan los votos para "corregir o añadir información" en algunas papeletas. La presidenta de su comisión electoral ha descrito las alegaciones como un "insulto" y ha dicho que el proceso es "abierto y transparente".
Todo apunta, sin embargo, a que el recuento se llevará a cabo porque la ley lo permite cuando la diferencia de votos es inferior al 1%, como sucede en este caso. Eso sí, tendrá que pagarlo la campaña de Trump, que ha lanzado un "fondo de emergencia" para recaudar donaciones entre sus seguidores. Los recuentos raramente cambian demasiado el resultado final, según los expertos, pero pueden acabar potencialmente en el Tribunal Supremo, como sucedió con el de Florida en 2000. El tribunal acabó entregando las elecciones a George W. Bush sobre Al Gore.
Acceso a los centros de procesamiento
La campaña del republicano también ha presentado demandas en Pensilvania, Georgia y Michigan para que se detenga el recuento de votos hasta que se permita a sus cuadros un "acceso significativo" a los centros donde se están procesando. Y quiere además revisar todos que aquellos sufragios que ya han sido contabilizados, aparentemente en busca de tecnicismos que les sirvan para invalidar algunas papeletas. Tanto la prensa como las autoridades locales subrayan que en esos centros hay observadores de ambos partidos.
Este mismo jueves el recuento se detuvo brevemente en Pensilvania para acomodar la orden de un juez, que ha permitido a los observadores que puedan otear sobre las mesas, siempre que mantengan los seis pies de distancia (180 cm) requeridos por el Covid-19. En estados como Nevada las demandas republicanas fracasaron. Un juez determinó el lunes que la campaña de Trump buscaba un "acceso ilimitado" a todas las zonas de los centros de procesamiento. Quería también instalar cámaras. Y presentó objeciones bastante peregrinas: una de sus observadoras testificó que, desde su posición, no le parecía que la firma de una papeleta coincidiera con la que aparece en los registros.
Contra el voto por correo
Trump ha dicho que llegará hasta el Tribunal Supremo si hace falta para que sus alegaciones de fraude sean escuchadas. La demanda que tiene más opciones de hacerlo, a juicio de los expertos, está relacionada con el voto por correo en Pensilvania. Los republicanos impugnaron la decisión de sus autoridades para permitir que sean contabilizadas las papeletas que llegaron hasta tres días después de las elecciones, siempre que se sellaran antes de la jornada electoral. La demanda fue desestimada por los tribunales del estado, pero ahora hay otra sobre la mesa cursada por la campaña de Trump. El Supremo estudia a estas horas si la admite, un escenario probable después de que varios de sus magistrados conservadores sugirieran su disposición a aceptarla.
