El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este martes que la mascarilla será obligatoria en todo lugar cerrado en el país, al tiempo que seguirá siendo recomendable en el exterior, como medida para luchar contra la COVID-19. "Estamos viendo que hay relajación en algunos gestos y en las próximas semanas vamos a hacer las mascarillas obligatorias en todos los lugares públicos cerrados", indicó Macron durante una entrevista televisiva con motivo de la fiesta nacional.
El presidente francés admitió que tienen "signos que muestran" que la pandemia "sube un poco", por lo que alertó de la posibilidad de una segunda oleada. En caso de que se produzca, señaló Macron, Francia "estará preparada" para afrontarla, porque se ha dotado de equipamientos necesarios y una organización sobre el terreno.
El presidente aseguró que dará la posibilidad a todos los ciudadanos de hacerse un test, incluso a aquellos que no tengan síntomas y sin necesidad de una prescripción médica. Con la multiplicación de esos test, Francia espera poder aislar a los positivos y no tener que recurrir a un nuevo confinamiento generalizado de la población. "Aislaremos lo más localmente posible" en caso de segunda oleada, señaló el presidente, que consideró que la responsabilidad está en que los ciudadanos sean capaces de respetar las medidas de seguridad para evitar el contagio.
Macron consideró que el confinamiento fue "un revelador de desigualdades" y señaló que su Gobierno "está haciendo todo lo posible para evitar una segunda oleada y, si se produce, para afrontarla de forma diferente". "Para ello hay que hacer muchos test", insistió Macron.
Inglaterra, en todos los comercios
Llevar una mascarilla o un protector facial en comercios y supermercados en Inglaterra será obligatorio a partir del próximo día 24 so pena de multas de hasta 100 libras (unos 110 euros), como parte de los esfuerzos del gobierno para frenar la pandemia.
Según adelanta hoy la cadena pública BBC, el gobierno británico decretará, tras semanas de mensajes contradictorios, esta medida en línea con Escocia y otros países europeos como España, Italia y Alemania.
Desde mediados del pasado mayo, a los ciudadanos se les ha recomendado que se cubran la cara en lugares públicos cerrados, donde puedan encontrarse con personas con las que habitualmente no conviven.
El uso de mascarillas y protectores de cara, recomendado para tratar de contener la propagación del virus y alentar a los ciudadanos a regresar a las tiendas, sí es obligatorio en el transporte público desde el pasado 15 de junio.
Esa medida, que detallará hoy previsiblemente el titular de Sanidad Matt Hancock, sigue a semanas de confusión después de que algunos miembros del gobierno sugirieran en los últimos días que los británicos debían emplear el sentido común en lugar de abogar por la obligatoriedad de las mascarillas.
Quedarán exentos de esa norma los niños menores de 11 años y aquellas personas con ciertas discapacidades.
Por su parte, Escocia decretó la obligatoriedad de su uso en las tiendas desde el pasado día 10 mientras que Gales e Irlanda del Norte revisan la medida si bien, por el momento, no obligan a llevarlas.
El primer ministro británico, Boris Johnson, resaltó el pasado viernes la necesidad de adoptar un enfoque más duro con relación a estas normas en lugares cerrados y se le fotografió llevando una mascarilla en un comercio de su circunscripción de Uxbridge.
En cambio, el ministro del gabinete Michael Gove restó importancia a la posibilidad de que el Ejecutivo fuera a introducir cambios legales, opinando que cubrirse la cara era una cuestión de "cortesía y buenos modales".
Gove agregó que no pensaba que su utilización debiera ser de uno obligatoria.
El titular de Medioambiente británico, George Eustice, defendió hoy en una entrevista con la televisión Sky News, el retraso a la hora de introducir la norma al argumentar que "las evidencias, el conocimiento, han ido evolucionando".
El responsable de Sanidad del opositor Partido Laborista, Jonathan Ashworth, consideró a la BBC que esos mensajes contradictorios evidenciaban la indecisión del gobierno durante la pandemia al exigir al Ejecutivo a explicar el retraso a la hora de implementar la norma.
