La Asamblea Legislativa de El Salvador condenó este lunes el “intento de golpe” de Estado encabezado por el presidente del país, Nayib Bukele, quien irrumpió en este órgano de Estado el domingo con militares y policías provistos de fusiles de asalto.

“Por supuesto que hubo un intento de golpe de Estado, intento de disolver la Asamblea Legislativa”, dijo en rueda de prensa el presidente del órgano legislativo, Mario Ponce.

Ponce hizo pública la condena en nombre de los 84 diputados, incluidos los parlamentarios del oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), al salir de una reunión privada de más de cinco horas, con los líderes de cada partido político que integran el Congreso.

“La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, por unanimidad, rechaza y condena enérgicamente la invasión de que fuera víctima el domingo 9 de febrero”, añadió. Con dicha declaración, el Parlamento tilda oficialmente de “intento de golpe” la irrupción militar de Bukele. Este es un hecho inédito desde que El Salvador ingresó a la vida democrática tras décadas de dictadura militar y una guerra civil de 12 años (1980-1992).

Ponce, miembro del Partido de Concertación Nacional (PCN), pidió al fiscal general, Raúl Melara, que investigue lo ocurrido, al tiempo que criticó la su actuación, que calificó de “pasiva”. “Los graves hechos ocurridos en este órgano del Estado deben ser investigados exhaustivamente por parte de la Fiscalía con el fin de deducir responsabilidades y llevar ante la Justicia a los responsables”, sostuvo.

También lamentó la “tibia y sesgada reacción” del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. El secretario de la OEA publicó el sábado, cuando la crisis política salvadoreña comenzaba a tomar forma, que había conversado con la canciller salvadoreña, Alexandra Hill.

Almagro sostuvo en en su cuenta de Twitter que Hill le manifestó el “respeto del Gobierno de su país por (la) Constitución e institucionalidad”, sin mayores detalles.

El Congreso salvadoreño también pidió a las Naciones Unidas y a la OEA a “activar los mecanismos necesarios que permitan dar seguimiento a la crisis institucional generada por el Ejecutivo”.

El Gabinete de Bukele llamó el viernes a los diputados a una sesión extraordinaria para votar por un préstamo de 109 millones de dólares para planes de seguridad y señaló que, de no asistir, estarían rompiendo el orden constitucional y se podría dar una insurrección.