El Gobierno de Brasil ha anunciado que aumentará la vigilancia de las cuentas de las ONG para "optimizar" el envío de fondos públicos a dichas entidades, lo que ha generado dudas en el seno de unas organizaciones que temen una vigilancia excesiva por parte del Ejecutivo de Jair Bolsonaro.
El secretario de Gobierno, Carlos dos Santos Cruz, ha alegado en declaraciones al portal G1 que las autoridades no pretenden "interferir" en las ONG ni "restringir" su actividad, pero cree que es necesaria una mayor "transparencia" y garantizar unos "resultados".
Por ahora, el Ejecutivo no elaborará ningún registro ni evaluará la actividad de las distintas organizaciones, aunque sí que en una segunda fase se plantea evaluar la eficacia de las acciones prestadas por las ONG. El ministro no ha aclarado si se adoptarán medidas contra las entidades que no cumplan ciertos criterios.
El enfoque del Gobierno tiene que ver con las ya recurrentes críticas del Gobierno de Bolsonaro a las ayudas para las comunidades indígenas. Así, el secretario especial de Regulación de Financiación del Ministerio de Agricultura, Nabhan Garcia, ha advertido que "van a cambiar muchas cosas".
"Los indios tienen muchos problemas. Los indios necesitan una ayuda real, no una ayuda de dinero que va a ONG y a ONG que desaparecen con ese dinero", ha apuntado en declaraciones recogidas por el periódico 'Folha'. "Hay muchas ONG que si quieren sobrevivir van a tener que sobrevivir como manda la ley, a su propia costa (...), no tirando del dinero de las arcas públicas", ha argumentado.
La cuestión ha tomado incluso ciertos tintes racistas, ya que el diputado Rodrigo Amorim, perteneciente al partido de Bolsonaro, invitaba el pasado sábado a quien le gusten los indios a "marcharse a Bolivia". "A quien le gusten los indios, que se vaya a Bolivia, que además de ser comunista, sigue presidida por un indio", dijo.
Bolsonaro ya cuestionó en campaña el papel de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en Brasil y la última medida, cuyas consecuencias aún están por concretar, ha generado dudas en un colectivo que teme una mayor vigilancia por parte del nuevo presidente.
El propio Bolsonaro señalaba el pasado 2 de enero a través de su cuenta oficial en Twitter que "más del 15 por ciento del territorio nacional está considerado tierra indígena y de quilombolas". Más de un millón de personas viven en estos lugares aislados del Brasil de verdad, exploradas y manipuladas por ONG. Vamos juntos a integrar a estos ciudadanos y a poner en valor a todos los brasileños", dijo.
El director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, ha afirmado que el nuevo decreto será positivo si sirve para "facilitar una relación constructiva entre los grupos de las sociedad civil y el Gobierno", pero ha expresado su temor por la falta de claridad en cuanto al alcance de la anunciada vigilancia.
