Un abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó este martes que el Reino Unido tiene la capacidad de revocar de forma unilateral el artículo 50 de los tratados europeos, el que inició el proceso de su salida de la UE, el Brexit, al activarse el 29 de marzo de 2017.

"El artículo 50 admite la revocación unilateral de la notificación de la intención de retirarse de la Unión, hasta el momento en el que se concluya el acuerdo de retirada, siempre que la revocación se haya decidido de conformidad con las normas del Estado miembro, se comunique de manera formal al Consejo Europeo y no suponga un práctica abusiva", señaló el letrado en un comunicado.

Aunque no son vinculantes, las conclusiones del abogado general sí suelen marcar el camino que sigue el tribunal en su sentencia.

En este caso, el abogado encargado del caso, el español Manuel Campos Sánchez-Bordona, se apoya en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados para afirmar que "las notificaciones de retirada de un tratado internacional pueden ser revocadas en cualquier momento antes de que surtan efecto", explica el comunicado.

Indica que la retirada de un tratado internacional es "una manifestación de la soberanía" de un Estado miembro, por lo que revocar su decisión también lo sería.

Además, aduce, entre otros argumentos, que el propio artículo 50 notifica de la "intención", y no decisión, de retirarse de la UE, y que la unilateralidad de la activación de este artículo "se proyecta" sobre la fase de la negociación, que dura dos años y en la que el Reino Unido y la Unión Europea han negociado el acuerdo de salida británica.

"No poner obstáculos a la permanencia en la Unión de un Estado miembro (...) es un criterio interpretativo especialmente apropiado, consonante con el objetivo del desarrollo del proceso de integración", señala el comunicado, que apunta también que esta es la opción que mejor protege "los derechos" de los ciudadanos europeos.

Subraya, no obstante, que la posibilidad que le ha reconocido hoy al Reino Unido tiene "condiciones y límites", como la notificación al resto de los Estados miembros de manera formal, que el proceso respete las normas constitucionales del país y que se respeten los principios de "buena fe y cooperación leal", de forma que ningún socio abuse del sistema.

Planteado inicialmente por miembros escoceses de la Eurocámara, el Parlamento de Escocia y la Cámara de los Comunes, entre otros, el caso espera ahora la sentencia del TJUE, que no tiene por qué seguir la opinión del abogado y para la que no se ha fijado una fecha concreta.

El proceso comenzó apenas dos días después de que los países que permanecerán en la UE tras el Brexit dieran su respaldo político al acuerdo de retirada y a la declaración política sobre la futura relación bilateral.

La Cámara de los Comunes británica votará sobre el acuerdo del Brexit el próximo 11 de diciembre, una fecha clave porque el Gobierno no ha logrado aún una mayoría que respalde el texto acordado con la UE.