El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy será juzgado por el Tribunal Correccional por corrupción y tráfico de influencias en el llamado caso de las escuchas, indicó este jueves a la AFP una fuente judicial cercana al caso, tras informaciones publicadas por el diario Le Monde.

Junto a él, según el rotativo, también se sentarán en el banquillo, tal y como lo había solicitado la Fiscalía Nacional Financiera el pasado octubre, su abogado, Thierry Herzog, y el antiguo magistrado Gilbert Azibert.

La investigación se dio por finalizada en 2016, pero diversos recursos han alargado el proceso, y la decisión de los jueces de instrucción se firmó este jueves. Los abogados del exmandatario anunciaron que presentarán un recurso, apuntaron los medios franceses.

Los magistrados habían pinchado el teléfono de Sarkozy ante las sospechas de que pudo recibir financiación del régimen libio de Muamar El Gadafi (1969-2011) durante la campaña que en 2007 le llevó al Elíseo, algo por lo que fue imputado el pasado 21 de marzo.

También en ese caso, el exjefe de Estado, derrotado en 2012 por el socialista François Hollande, avanzó que recurrirá ante la Justicia para demostrar su "inocencia" frente a las acusaciones que condujeron a su inculpación.

En las escuchas se descubrieron conversaciones entre el expresidente y su abogado de las que se deducía que trataban de obtener, a través del juez Azibert, información secreta de otro sumario que investigaba si Liliane Bettencourt, heredera del imperio cosmético L'Oréal, financió ilegalmente su campaña de 2012.

Algunas de esas conversaciones fueron publicadas en la prensa y dejaban entrever que Sarkozy estaba dispuesto a ayudar al juez a obtener un puesto en Mónaco a cambio de que influyera en la decisión del Tribunal Supremo

En marzo de 2016, el Tribunal Supremo validó de forma definitiva la casi totalidad de las escuchas al expresidente sobre las que se sustenta su inculpación, lo que dejó abierta la vía para el juicio anunciado hoy.

Sarkozy tiene pendiente además un juicio por la presunta financiación irregular de su campaña a las presidenciales de 2012.

Se trata del llamado "caso Bygmalion", una supuesta trama de falsificación de facturas para ocultar gastos electorales y burlar así los límites legales, con la que, según la acusación, gastó al menos 42,8 millones de euros frente a los 22,5 millones autorizados.

Las cuentas de aquella campaña fueron invalidadas en julio de 2013 por el Consejo Constitucional, encargado de revisarlas, lo que provocó que Sarkozy tuviera que pagar una multa de más de 360.000 euros y devolver la subvención pública, de casi 12 millones.

Hasta ahora, el único jefe del Estado francés que ha pasado por los tribunales es Jacques Chirac, condenado en 2011 -cuatro años después de dejar el Elíseo- a dos años de cárcel exentos de cumplimiento por un caso de empleos ficticios durante la etapa en la que era alcalde de París.