El presidente de Brasil, Michel Temer, y el excandidato presidencial Aecio Neves actuaron conjuntamente para impedir el avance de investigaciones de corrupción, señaló el Fiscal General de la República, Rodrigo Janot, en un documento hecho público hoy.

Según Janot, Neves, "en articulación, entre otros, con el presidente Temer", intentó obstaculizar la operación 'Lava Jato'", sobre la trama corrupta en la estatal Petrobras, a través de "medidas legislativas" y "el control del nombramiento de comisarios de policía" que conducían las investigaciones.

"De esta forma, se ve también la posible práctica del delito de obstrucción a la Justicia", resalta el fiscal Janot, citado en un documento en el que el magistrado del Supremo, Edson Fachin, autorizó el jueves la apertura de una investigación contra Temer.

Una nueva confesión sobre el pantano de corrupción en que parece haberse sumergido Brasil agravó hoy la ya delicada situación del presidente, Michel Temer, y alcanzó además a sus antecesores Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva.

Esta vez, las revelaciones partieron de los directivos del grupo JBS, que en un acuerdo de cooperación judicial confesaron que pagan sobornos a Temer desde 2010 y que, desde el año 2005, distribuyeron entre Lula y Rousseff la suma de 80 millones de dólares, siempre por los "favores" realizados desde sus posiciones de poder.

En el caso de Temer, esas sospechas atizan el fuego de una crisis que comenzó este miércoles justamente con las primeras filtraciones sobre la declaración de JBS, una de las mayores empresas cárnicas del mundo, que ha llevado a toda la oposición y hasta a sectores del oficialismo a exigir la renuncia del mandatario.

Temer reaccionó con energía frente a esas sospechas y afirmó que no renunciará y que comprobará su inocencia ante la justicia en un mensaje a la nación transmitido este jueves, que ha sido hasta ahora su única aparición pública desde que estalló el escándalo.

Los testimonios difundidos por la Corte Suprema salpican además a cuatro ministros del actual Gobierno, a decenas de parlamentarios y a dos gobernadores, y se conocen en momentos en que la base política de Temer se resquebraja en medio de dudas sobre su honestidad.

El Supremo también informó de que la investigación que ha abierto contra el presidente se sustenta en su presunta participación en los delitos de obstrucción judicial y corrupción pasiva, y tiene como base las declaraciones de los directivos de JBS.

Sobre Temer, uno de los dueños de la empresa, Joesley Batista, afirmó que le paga sobornos desde 2010 y que, entre ese año y 2011, llegó a entregarle una "mesada" de 100.000 reales (hoy unos 29.500 dólares) por diversos "favores" en el Ministerio de Agricultura.

Batista también declaró que acordó a fines del año pasado con el diputado Rodrigo Rocha, suspendido de su escaño por el Supremo y muy cercano a Temer, que pagaría al ya entonces mandatario una comisión del 5 % sobre la facturación de una empresa eléctrica de JBS que precisaba una licencia para operar.

Todo ello se suma a una grabación de una conversación de Batista con Temer, en la que el empresario comenta que busca "favores" para JBS en ministerios, que recibe información por adelantado sobre investigaciones o que soborna a un exdiputado preso por corrupción y cercano al gobernante para que no colabore con la justicia.

En esa grabación, que calificó de "clandestina", el gobernante asiente o simplemente escucha en silencio, lo que da base a firmes sospechas sobre una posible omisión frente a hechos ilegales.

De acuerdo con la Fiscalía, la grabación demuestra que Temer, expresidente de la Cámara de los Diputados y en prisión por corrupción.

El mandatario, en el poder de manera efectiva desde la destitución de Dilma Rousseff el pasado agosto, ha negado cualquier tipo de acto ilícito y el jueves se dirigió a la nación para afirmar enérgicamente que no renunciará a su cargo, a pesar de las presiones de la oposición y de algunos sectores de su base.

No obstante, Temer puede ser desalojado del poder si se instaura un proceso penal en su contra, lo cual debería avalado por el Parlamento.