La Fiscalía de Sao Paulo ha pedido prisión preventiva para el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, acusado de blanqueo de capitales y falsificación de documentos por, supuestamente, haber recibido un tríplex como pago de la trama corrupta de Petrobras.

Los fiscales Cassio Conserino, José Carlos Blat y Fernando Henrique Araújo han argumentado que la prisión preventiva es necesaria para garantizar "el orden público, la instrucción del proceso judicial y la aplicación de la ley penal".

La Fiscalía ha acusado a Lula de ocultación de patrimonio, una versión del delito de blanqueo de capitales por el que podría ser condenado a entre tres y diez años de cárcel, y falsedad documental, con un marco penal de uno a tres años. Su mujer, Marisa Letícia, y uno de los hijos del matrimonio, Fábio, han sido acusados de lavado de dinero.

El abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, ha restado importancia a la petición del Ministerio Público. "Se basa en testimonios de personas que sospechan que el inmueble estaba siendo construido para el ex presidente", ha indicado.

Zanin Martins se ha mostrado seguro de que la solicitud de la Fiscalía será rechazada por la jueza Maria Priscilla Ernandes Veiga Oliveira por la "fragilidad" de los argumentos. "No tiene sentido atribuir una casa a un dueño que nunca la ha usado", ha esgrimido.

Los investigadores creen que Lula es el verdadero dueño del tríplex ubicado en el Edificio Solaris, un condominio de lujo de Guaruja, en Sao Paulo, construido por el grupo de ingeniería OAS, involucrado en el escándalo de corrupción de Petrobras.

El Instituto Lula aclaró en enero -cuando la prensa se hizo eco de las pesquisas- que el ex presidente "nunca escondió que compró participaciones de Bancoop (la cooperativa) para tener un apartamento en el Edificio Solaris, algo que fue declarado a la Hacienda Pública".

Además, explicó que "para tener el apartamento, tanto de hecho como de derecho, sería necesario pagar la diferencia entre el valor de las participaciones y el valor del inmueble". "Y la familia del ex presidente no ha ejercido ese derecho", subrayó.