El Gobierno cubano ha cambiado de manos pero mantiene una vieja "maquinaria represiva" con la que continúa violando los derechos humanos y, escudándose en la "ley de peligrosidad", encarcela a personas que intentan ejercer sus derechos y, en algunos casos, hasta a los desempleados. Esa es la principal denuncia que se desprende de un análisis divulgado ayer por Human Rights Watch, en su primera evaluación sobre la situación en Cuba desde que Fidel Castro transfiriera el control del Gobierno a su hermano Raúl en julio de 2006 y la Asamblea Nacional lo eligiera presidente el 24 de febrero de 2008. El informe de 60 páginas, 'Un nuevo Castro, la misma Cuba', se apoya en más de 60 entrevistas a diversos actores de la sociedad civil en siete de las 14 provincias de Cuba.
