"La ley no contempla ya los hechos como delito", afirmó el Tribunal de la primera sección penal de Milán, presidido por Antonella Bertoja, que acogió la petición de la defensa del líder de la oposición conservadora y "rey de la televisión privada" italiana.
La fiscal del caso, Ilda Boccasini, había pedido que fuese declarada la prescripción del delito, referente a la actividad del grupo Fininvest (propiedad de Berlusconi) entre los años 1986-89.
Este caso formaba parte del principal -la compra venta de Sme- pero fue separado debido a que los jueces se habían dirigido al Tribunal Europeo para evaluar la correspondencia entre la normativa italiana y la comunitaria.
La absolución se daba por descontada después de que el pasado 26 de octubre el Tribunal Supremo italiano confirmara la absolución de Berlusconi por corrupción de jueces en la compraventa de la empresa alimentaria pública SME.
Ese día, la sexta sección penal del Supremo confirmó la sentencia del 27 de abril del pasado año con la que el Tribunal de Apelación de Milán absolvió al dirigente conservador, al considerar que no cometió el delito y que el hecho delictivo no existió.
"Ha sido una larga batalla que ha durado 12 años y en la que siempre me he proclamado inocente", fueron las primeras palabras de Berlusconi al conocer la sentencia definitiva.
El caso SME se remonta a los años 80 cuando, según la fiscalía milanesa, Berlusconi habría sobornado a jueces con el objetivo de bloquear la venta del grupo alimentario SME al empresario Carlo De Benedetti, que también estaba interesado en su compra.
La acusación principal estaba basada en una transferencia de 434.000 dólares que pasó de las cuentas de Cesare Previti, amigo personal y abogado de Berlusconi, al juez Renato Squillante, quien tenía que decidir sobre la venta de SME.
Por este hecho, Previti fue condenado a cinco años de cárcel, pena que cumple en arresto domiciliario por motivos de edad.
Berlusconi ya había sido absuelto en primera instancia en 2004, aunque entonces el fundamento del fallo del tribunal fue que el delito había prescrito.
El ex presidente del Gobierno tiene aún pendiente el proceso en el que está imputado por haber pagado supuestamente al abogado británico David Mills para que falseara su testimonio a su favor.
Este juicio, que comenzó el 13 de marzo de 2007 en el Tribunal Penal de Milán, forma parte del sumario principal de otro proceso sobre presuntas irregularidades en la compraventa de derechos televisivos por parte de una de sus sociedades, Mediaset, en el que también está acusado.
