El Consejo de Agricultura ha continuado el debate sobre la revisión o "chequeo médico" de la PAC que propone la Comisión Europea (CE), que entre otras medidas plantea el recorte de los pagos directos para los agricultores, con el fin de destinar ese dinero a otras políticas destinadas al campo.

Los Veintisiete han repetido su posición inicial -expresada en noviembre-, según la cual una decena de países, como Francia y España, cuestionan cambios en las ayudas, mientras que un grupo de estados más liberales -Reino Unido, Suecia o Dinamarca- piden avanzar aún más en las reformas.

La PAC es la política que absorbe una mayor proporción del presupuesto comunitario, cerca de la mitad, 55.000 millones de euros anuales y España, el segundo receptor, con 6.681 millones en 2006.

En su propuesta, Bruselas no quiere variar el presupuesto sino elevar el porcentaje de la llamada "modulación" por la cual ya se reduce un 5% de las subvenciones, que quedarían en la PAC pero con destino al desarrollo rural (medidas cofinanciadas para fomentar en el campo actividades complementarias o distintas a la agricultura).

La CE pretende subir ese porcentaje un 2% a partir de 2010, de manera que el recorte de las subvenciones sería del 13% en 2013.

Bruselas propone que el recorte de pagos directos sea superior para los agricultores que perciban más de 100.000 euros al año en ayudas.

La actual propuesta no es la legislativa, ya que la Comisión Europea (CE) hará público su proyecto legal de reforma el 20 de mayo, con el fin de que sea negociada por los ministros de la UE en la segunda mitad de 2008, según explicó la comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer Boel.

La ministra española, Elena Espinosa, declaró a la prensa que la revisión de la PAC debe servir para "simplificar" algunos aspectos de la reforma aprobada en 2003, pero antes de abordar cambios amplios es necesario "hacer estudios en profundidad" de su impacto.

Durante el Consejo, Espinosa resaltó que es necesario analizar la repercusión que puede tener la reforma en el abastecimiento de materias primas o alimentos, así como su encarecimiento, en relación con las ideas sobre la mayor desvinculación de las ayudas de la cantidad producida.

Por su parte, el actual presidente del Consejo de Agricultura, el esloveno Iztok Jarck, ha apuntado que habría que estudiar las consecuencias de desligar de la producción las ayudas al sector lácteo, porque podría amenazar esta actividad en zonas de montaña.

En cuanto a la intención de Bruselas de limitar las ayudas a los grandes terratenientes, los principales países que se oponen son Alemania, Letonia, Hungría, la República Checa y Rumanía.

Los países de la UE continuarán los debates sobre la reforma en los grupos técnicos y avanzarán en la reunión del Consejo de ministros de febrero, con el fin de aprobar un proyecto de conclusiones en marzo, previo al proyecto legislativo.

La ministra asistió acompañada por la consejera del ramo de Canarias, Pilar Merino, quien este semestre representará a las comunidades autónomas en el Consejo de la UE.