Durante una entrevista radiofónica, Kaine aseguró que este vacío legal podría ser resuelto con una orden ejecutiva. En concreto, el gobernador se refería a la falta de datos relativos a la condición psiquiátrica que el estudiante surcoreano autor de la masacre padecía y que de aparecer reflejados en su historial médico habrían impedido la venta de armas.
En 2005, las autoridades sanitarias de Virginia Tech recomendaron proporcionar asesoramiento psiquiátrico a Cho dado su estado anímico, sin que éste dato llegara a aparecer en ningún documento médico debido a que no llegó a ser internado, ni tratado en instalación sanitaria alguna, no apareciendo dichos datos en su historial médico.
De haber aparecido, los distribuidores de armas hubieran podido acceder al registro que inhabilita en el estado de Virginia la venta de armas de fuego. Teniendo en cuenta lo que se conoce ahora, aseguró Kaine, Cho "no debería haber tenido acceso a un arma", algo que podrá ser evitado en el futuro mediante una orden ejecutiva.
