Según el texto de la convocatoria, que esta noche difundirá el presidente del Tribunal Electoral, Jorge Acosta, en una cadena nacional de radio y televisión, los 130 asambleístas deberán ser elegidos el ultimo día de septiembre de este año.

La Asamblea, promovida por el presidente, Rafael Correa, que debe transformar las instituciones del Estado y redactar una nueva Carta Magna, fue aprobada con un abrumador apoyo del 82 por ciento de votos el pasado 15 de abril en una consulta popular.

Por otra parte, la fiscalía pidió hoy a un juzgado de Quito que dicte una orden de prisión por "sedición" contra al menos 22 de los diputados cesados en marzo por el órgano electoral de Ecuador, a quienes el Tribunal Constitucional (TC) restituyó ayer sus puestos.

En declaraciones a la emisora Radio Quito, la juez décimo octava de lo penal de Pichincha, Elsa Sánchez, señaló que tenía que revisar la petición de la fiscal Elsa Moreno y, posteriormente, actuará "conforme a derecho".

La petición, según esta información, se originó por una denuncia presentada por Miguel Castro, diputado suplente que actúa como titular y que fue elegido la semana pasada vicepresidente del Congreso.

Según la denuncia de Castro, que hoy actuó como presidente en funciones de la Cámara, en ausencia del titular, Jorge Cevallos, que se encuentra en Argentina, los restituidos habrían cometido actos de sedición al considerarse diputados, dignidad que, en su opinión, no tienen desde el pasado 7 de marzo.

El pasado 6 de marzo, el Congreso intentó sustituir al presidente del TSE, Jorge Acosta, por la forma en que se convocó la consulta para la aprobación de la Constituyente.

Acosta no aceptó ser apartado del TSE y, al día siguiente, con el apoyo de la mayoría del organismo electoral, destituyó a 57 diputados de partidos de la derecha por "interferir" en el proceso de la consulta.

El Gobierno apoyó la decisión del TSE y la Policía impidió, a partir de entonces, el acceso de los diputados destituidos por el TSE al Congreso, al tiempo que facilitaba la toma de posesión de los legisladores suplentes de los cesados, de los que muchos se han apartado de la disciplina de sus partidos.

Los cesados interpusieron varios recursos de amparo para recuperar sus cargos y ayer el Tribunal Constitucional (TC) aceptó uno de ellos y resolvió restituir sus escaños a 51 de los 57 destituidos.

Hoy mismo, el Congreso, con los votos de los 52 diputados presentes, entre los que estaban los de grupos de centro e izquierda y los suplentes del denominado Grupo de la Dignidad, decidió cesar al Tribunal Constitucional, lo que ahonda aún más el conflicto.