Medio centenar de personas murieron y los cadáveres de otras 40 fueron hallados ayer en una nueva jornada de violencia que sacudió Irak, en cuya capital fueron secuestrados al menos 50 funcionarios del ministerio de Educación Superior.

El derramamiento de sangre comenzó con un bombardeo de aviones y carros de combate estadounidenses contra varios barrios de la ciudad de Ramadi, 100 kilómetros al oeste de Bagdad, que causó la muerte entre la noche de lunes y ayer de 26 civiles.

El doctor Anas Mohamad, del hospital de Ramadi, declaró que ese centro sanitario "recibió los cadáveres de 26 personas, entre ellas mujeres y niños".

Varios habitantes de la ciudad dijeron, por su parte, que el bombardeo tuvo como blanco las áreas de Al Dobat, Al Malab y Al Buyaber, en el centro de Ramadi, donde una veintena de viviendas fueron completamente destruidas.

Ni el mando militar norteamericano, ni las autoridades iraquíes han comentado hasta el momento esta información.

La segunda acción más sangrienta sucedió al mediodía en el centro de Bagdad, donde al menos diez iraquíes perdieron la vida y otros 25 resultaron heridos de diversa consideración por la explosión de un coche bomba, según fuentes policiales.

El atentado ocurrió cerca de un mercado de la calle Al Yumhoriya, y causó daños en varios vehículos.

Asimismo, un ataque con morteros contra varias viviendas del norte de la capital y el estallido de un artefacto explosivo en una estación de autobuses del este de Bagdad segaron la vida de seis civiles e hirieron a otros 16.

Por otra parte, al menos 50 funcionarios del ministerio de Educación Superior iraquí fueron secuestrados ayer por un grupo de hombres armados, que anoche habían liberado a casi 20 de ellos, según fuentes del ministerio de Interior.

Al principio, esas mismas fuentes habían asegurado que al menos 150 funcionarios fueron secuestrados.

Como consecuencia del secuestro masivo, cinco oficiales de la policía del distrito de Al Kerrada fueron detenidos por su supuesta implicación en los hechos, según el ministerio del Interior, que ha creado una "célula de crisis" para intentar solucionar el caso. Los funcionarios fueron secuestrados en su lugar de trabajo, el Instituto de Investigaciones Culturales, dependiente del ministerio, en la céntrica plaza Al Andaluz.