Esto, después que el juez Juan González, temporalmente a cargo del llamado "caso Riggs", acogiera una presentación de la defensa del ex jefe militar, en la que se desconoce la facultad de Garzón para efectuar diligencias sobre hechos, que según los tribunales, fueron sobreseídos en noviembre de 2005.
El juez español pidió mediante un exhorto que se interrogara al ex jefe militar, a su esposa, Lucía Hiriart y a su albacea Oscar Aitken por los traspasos de dinero que hicieron desde el Banco Riggs de EEUU a cuentas en el Banco Chile, mientras existía un embargo internacional de su fortuna decretado por Garzón en 1998.
Sin embargo, en un escrito presentado este lunes por el abogado Pablo Rodríguez, la defensa de Pinochet planteó que resulta "improcedente" que se interrogue a Pinochet, ya que la Corte de Apelaciones rechazó su desafuero por esta razón.
Ello obligó al juez Carlos Cerda -a cargo entonces del caso e inhabilitado temporalmente por una recusación de la defensa- a sobreseer el 2 de noviembre de 2005 al ex dictador (1973-1990) respecto de esta acusación.
El juez González interrogó el miércoles pasado a Oscar Aitken, otrora albacea del jubilado militar, quien se negó a responder las consultas enviadas por exhorto, desconociendo la potestad legal del magistrado español.
Según informaron este martes fuentes judiciales, el magistrado interrogará mañana, miércoles, a la esposa de Pinochet, Lucía Hiriart, quien probablemente también se negará a contestar el exhorto del juez Baltasar Garzón.
El magistrado español, que en 1998 dictó la orden para que Pinochet fuese detenido en Londres por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas, indaga al ex gobernante de facto (1973-1990) por ocultar sus bienes cuando existía el embargo y estuvo detenido en la capital inglesa durante 503 días.
Las transacciones de fondos que hizo Pinochet están acreditadas en el proceso que investiga el origen de la fortuna del general en retiro, que hasta el momento ascendería a 26 millones de dólares
Pinochet, próximo a cumplir 91 años, en este caso ya fue despojado del fuero que le protege por su condición de ex gobernante y está procesado por fraude tributario y falsificación de pasaportes, mientras el pasado agosto la Corte Suprema aprobó un nuevo desafuero en su contra por el delito de malversación de fondos.
