La diligencia, según fuentes judiciales, la condujo el juez Claudio Pavez en la mansión del ex gobernante de facto (1973-1990), en el sector santiaguino de La Dehesa, donde Pinochet cumple arresto domiciliario como procesado por el caso de la Operación Colombo.
El trámite duró una hora y media y el juez abandonó la casa del general retirado sin hacer declaraciones.
Verónica Pinochet, una de las nietas del ex presidente del régimen militar chileno, dijo a los periodistas que su abuelo, que cumplió 90 años el pasado 25 de noviembre, no puede aportar nada al proceso porque no recuerda qué pasó.
"El ´tata´ (abuelo) no se acuerda de nada de esas cosas, no logra dimensionar lo que pasa, es como cualquier persona de 90 años, un abuelito no más, se acuerda de sus nietos, de los perros, está en otro cuento", adujo la nieta.
Agregó que Pinochet recibe amablemente a los jueces que lo interrogan, "porque cree que son visitas, que son amigos que van a verlo".
El juez Pavez investiga desde septiembre pasado la muerte del coronel Gerardo Huber Olivares, cuyo cadáver fue encontrado en un río en 1992, tras haber permanecido desaparecido durante un mes.
Aunque en principio se habló de un accidente o un suicidio, las investigaciones judiciales apuntaron posteriormente a un homicidio, cuestión que el juez intenta dilucidar.
Huber era el jefe del Departamento de Adquisiciones de la Dirección de Logística y, según la investigación judicial, días antes de su desaparición había intentado denunciar ante Pinochet, que era el comandante en jefe del Ejército, algunas irregularidades en una exportación de armas destinadas sobre el papel a Sri Lanka.
El verdadero destino de las armas era Croacia, que al igual que los demás países de la antigua Yugoslavia, estaba bajo un embargo de Naciones Unidas a causa de la guerra de los Balcanes.
El contrabando quedó al descubierto cuando el cargamento fue decomisado por las autoridades húngaras durante una escala en Budapest.
Durante la investigación, varios oficiales han declarado que fue el general Pinochet quien ordenó recolectar armamento en distintas unidades militares para venderlo a Sri Lanka, operación que había sido autorizada por el Ministerio de Defensa.
El tema de las armas ha surgido además en la investigación que lleva el juez Carlos Cerda en relación con las cuentas secretas del ex gobernante de facto, en la que han surgido indicios de que parte de la fortuna acumulada por Pinochet puede tener su origen en comisiones recibidas por venta de material bélico.
En ese proceso Pinochet está procesado por fraude tributario, falsificación de instrumento público, falsificación de pasaportes y omisión de bienes en declaración jurada.
