El vocal supremo instructor José Luis Lecaros, responsable de dar el visto bueno al expediente, rechazó el caso presentado por la Procuraduría sobre el delito de abandono de cargo por no estar penado con cárcel en Chile.
Lecaros, quien matizó que la decisión puede ser apelada, advirtió de que "no se deben hacer pedidos de extradición que puedan caer en saco roto".
La decisión se tomó de acuerdo con el Tratado de Extradición con Chile y la legislación penal de ese país, donde el incumplimiento del deber y abandono del cargo son faltas administrativas sólo sancionadas con multas, aclaró un comunicado el Poder Judicial peruano.
Este era el primer expediente que revisó el vocal del Supremo, quien en los próximos días deberá pronunciarse sobre los otros casos que pretenden convertirse en solicitudes de extradición.
Según el tratado entre los dos países, Fujimori sólo podría ser juzgado por aquellos delitos que se establecen en los expedientes aprobados, en ningún caso por los desestimados tanto por la justicia peruana como chilena.
El letrado César Nakazaki, defensor del ex mandatario en Perú, había advertido hoy a EFE de que eran inadmisibles al menos dos de los expedientes de solicitud de extradición, ya que los delitos que se le imputan a su cliente no son considerados como tales en Chile.
Se trató de una victoria legal del ex mandatario en Perú que contrastó con la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de rechazar el recurso de amparo por el que se pedía su puesta en libertad.
Perú elabora un total de 22 expedientes de solicitud de extradición, uno por cada proceso abierto contra Fujimori, tarea que se verá complicada a partir de hoy después de que el Poder Judicial se declarara en "estado de emergencia" debido a su grave situación económica.
La declaración en crisis del Poder Judicial en todo el territorio peruano responde a la decisión del Congreso de no aprobar los presupuestos de 2006 para este sector, al excederse en unos 15 millones de dólares sobre los fondos previstos.
La institución judicial reconoció que esta situación dificultará la tramitación de procesos penales "de gran trascendencia", como la extradición de Fujimori.
Mientras tanto, varios miles de peruanos salieron a las calles de varias ciudades para exigir transparencia judicial, reclamar la extradición del prófugo y denunciar la impunidad.
En Lima, frente al Palacio de Justicia, los dirigentes de la marcha entregaron una carta al presidente de la Corte Suprema, Walter Vásquez, en la que exigieron transparencia judicial en el proceso de extradición.
Antes de entregar la misiva, el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Juan José Gorriti, reclamó "diligencia" y "rapidez" en el proceso.
"Estamos hartos de los errores que está cometiendo el Poder Judicial; hay poderes ocultos, hay corrupción, y en esta oportunidad debe demostrar su rapidez y eficacia", resaltó Gorriti.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Francisco Soberón, afirmó que la "alerta será permanente hasta lograr la extradición absoluta del prófugo".
Con gritos de "Fujimori, Montesinos, asesinos", la cabecera de la manifestación, donde destacaba una gran jaula que albergaba en su interior a dos personajes que representaban al ex presidente y a su ex asesor Vladimiro Montesinos, prosiguió hacia la Embajada de Chile.
Frente a la legación diplomática, en el distrito de San Isidro, se leyeron por altavoces los nombres de cada una de las víctimas de las masacres y asesinatos cometidos durante el Gobierno de Fujimori (1990-2000).
La manifestación concluyó con una ceremonia de encendido de velas en memoria de los desaparecidos a manos de los paramilitares.
Esta protesta, a la que acudieron estudiantes, trabajadores, defensores de los derechos humanos, artistas, dirigentes de izquierda y ciudadanos anónimos, ha sido la más multitudinaria desde que Fujimori fue detenido el 7 de noviembre en Santiago de Chile cinco años después de su huida a Japón.
