La Constitución Española simboliza la llegada de la democracia a España.
Nacía así una Carta Magna elaborada a partir del consenso de todas las fuerzas políticas. Nunca antes en la historia de España se había aprobado un texto con tanto consenso, reflejo del paso del régimen anterior al sistema democrático vigente en la Europa desarrollada.
En este marco se constituyó la confederación empresarial nacional CEOE, y también nuestra territorial, denominada en su origen Confederación Provincial de Empresarios de Murcia. Se iniciaba así un movimiento imparable, el del asociacionismo empresarial, que convirtió a nuestras organizaciones, y a los empresarios con ellas, en agentes imprescindibles en el diálogo social y en el desarrollo económico.
CROEM, en colaboración con su organización nacional, ha contribuido al asentamiento de un modelo económico que ha creado riqueza y empleo y donde los empresarios han encontrado el apoyo necesario para defender sus legítimos intereses. De hecho, su crecimiento ha ido en paralelo a la consolidación de la propia democracia en España, ya que CROEM y la Constitución Española comparten efeméride.
Gracias al contexto de libertad proporcionado por nuestra Constitución, los empresarios hemos podido avanzar en un camino de crecimiento, unidad y fuerza para defender nuestros legítimos intereses y seguir contribuyendo al Estado del Bienestar y al afianzamiento del diálogo y el consenso, señas de identidad de la convivencia democrática y herramientas imprescindibles para el entendimiento.
Hoy, sesenta y tres asociaciones sectoriales en representación de la práctica totalidad del tejido productivo regional, y cerca de trescientas empresas adheridas directamente, han hecho de CROEM un referente por su influencia, su independencia y su capacidad de participación.
Seguimos trabajando con esfuerzo e ilusión para cuidar todo lo logrado. Es la Constitución la que vela por nuestros derechos como españoles y como empresarios. Y es la Constitución la que frena cualquier intento de superar los límites de las legítimas capacidades de autogobierno que ostenta cada territorio. Alterar la paz alcanzada va en contra de la estabilidad de España como nación y además provoca incertidumbres, que nadie quiere, en el espacio económico y empresarial, ya que amenaza el progreso, la estabilidad y la competitividad de nuestro país.
