Hace 40 años asistíamos a la aprobación por referéndum popular de la Constitución Española. Fue un texto elaborado por importantes juristas pero no sólo eso sino que fue elaborado en un clima de consenso, diálogo y concordia.

Tenía como objetivo dejar atrás el pasado e iniciar un nuevo periodo en el que primaran los valores de democracia, libertad, justicia, seguridad, protección, promover el bienestar, etc; en definitiva, y como dice su preámbulo, establecer una sociedad democrática avanzada tal y como se refleja.

Ahora sería inimaginable imaginarnos una España sin este texto. La Constitución habla de justicia, igualdad, derechos a la persona, protección de los derechos fundamentales, derechos humanos, a la educación, al trabajo€ Habla de libertad de empresa, de formación, de higiene, del derecho a una vivienda digna, garantizar pensiones, atención a la discapacidad€

Pero también habla de empleo, de garantizar toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, subordinada al interés general y reconoce el fomento de las sociedades cooperativas, estableciendo los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción, recogido en el artículo 129.2, que insta a los Poderes Públicos a promover eficazmente las diversas formas de participación en la empresa.

Un artículo que, según Antonio Colomer, parecía anunciar un verdadero programa revolucionario en relación con la economía y la empresa y el acceso de los trabajadores a la propiedad.

Pudiera parecer que, aunque la Constitución otorga un papel a las cooperativas, con este artículo (129.2) empezaran a acuñarse los cimientos de la promoción de la actual economía social. Parece que existiese la voluntad política de configurar un modelo económico más participativo en el país. De hecho, la Constitución Española, de alguna forma, recoge el ideario de la Alianza Cooperativa Internacional.

A lo largo de su articulado se habla de democracia, participación, formación, solidaridad, igualdad, intercooperación, medio ambiente y derechos humanos.

El 129.2 de la Constitución, sin duda alguna, supuso un desarrollo legislativo importante para el cooperativismo español y el desarrollo de un tejido asociativo de este modelo empresarial, cuyos principios y valores son en los que se basa el conjunto de entidades y empresas que conforman hoy en día la Economía Social y que no existían en el momento de la aprobación de la Carta Magna. La evolución y la visibilidad de las cooperativas y del conjunto de las empresas de la Economía Social ha sido creciente (10% PIB, 12,5% del empleo, 2.500.000 empleos) y han adquirido un importante papel, sobre todo en los momentos de crisis económica y que ha sido un modelo que ha mostrado una resiliencia feroz a la pérdida de empleo. ¿Ha influido en su desarrollo que la Constitución las reconociera expresamente? Probablemente sí.