24 de mayo de 2019
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El Ayuntamiento de Moratalla tendrá que readmitir a Marín

Condenan al Consistorio a abonar 12.000 euros y a readmitir a la exalcaldesa y candidata de IU-Ganar

23.05.2019 | 19:35

Moratalla se está convirtiendo en el municipio de la Región donde los juzgados están teniendo más protagonismo que los propios mensajes de campaña. Durante este periodo electoral hemos visto cómo las formaciones pedían la demisión de su contrincante directo por diferentes asuntos judiciales. Ayer fue el turno de IU-Ganar Moratalla quien pedía la dimisión del actual alcalde,Jesús Amo (PSOE) con quienes rompieron relación hace dos años, por según ellos, «haber sido condenado por vulnerar los derechos fundamentales de una trabajadora».

Desde la coalición explican que la demandante, Candi Marín (IU), alcaldesa entre 2015 y 2017, tendrá que ser repuesta en sus funciones y recibir una indemnización de 12.000 euros del Consistorio, según dicta la sentencia del Juzgado de lo Social. Amo fue denunciado ya que «no cesó en una tarea de persecución política trasladada al ámbito laboral», matizando que «vació de contenido su trabajo como técnica del Centro Local de Empleo para mujeres y jóvenes». Según la sentencia «todas las tareas que habían sido desempeñadas por Candi Marín como trabajadora del Ayuntamiento fueron desviadas hacia otra trabajadora». Sobre este asunto aclara que se trata de «una conducta que Marín ha tenido que soportar durante más de año y medio y que la justicia ha considerado un caso claro de vulneración de sus Derechos».

Piden la dimisión del alcalde

Ganar Moratalla-IU considera que esta sentencia del Juzgado de lo Social, repudia «una conducta represora de los derechos y libertades por parte de un alcalde y actual candidato del PSOE que sólo le abocan a la salida digna de su dimisión».

Desde las filas socialistas por su parte han pedido la dimisión de la candidata de IU, Candi Marín, tras conocerse que «la fiscalía la investiga por la presunta comisión de un delito continuado de prevaricación del artículo 404 del código penal». Los hechos se remontan a su época como alcaldesa, concretamente al procedimiento para cubrir su propia plaza en el centro de personas mayores. Una de las aspirantes denuncio el proceso de selección, ganando finalmente el litigio. El Consistorio tuvo que indemnizarla y ahora es la Fiscalía Superior de la Región de Murcia quien investiga todo el proceso por si se cometió algún presunto delito de prevaricación por parte de la alcaldesa y candidata de IU.

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